5 mayo, 2021
Las diferencias políticas entre Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo expuso la grieta hacia el interior del Frente de Todos.
No parece viable una eliminación de subsidios tal como proponía Guzmán en su Presupuesto 2021, el cual ya quedó bastante desdibujado por los propios datos de la realidad.
Un sainete de desproporcionadas características fue el epicentro del diálogo político del último viernes. Sainete que desnudó una feroz interna hacia el interior de la coalición gobernante.El viernes por la mañana, tanto el Ministerio de Economía como Jefatura de Gabinete instalaron la versión de que “el Gobierno echaba al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo”. El funcionario en cuestión posee línea directa con Cristina Fernández de Kirchner.
A las pocas horas de esa jugada que se propagaba por los distintos portales y memes en las redes sociales, el kirchnerismo respondió: nadie le pidió la renuncia a Basualdo. “Todo fue una operación de prensa”, dijeron. El problema es que esa operación, de haber sido así, tenía las huellas digitales de Martín Guzmán y Santiago Cafiero. De nadie más.
Pero más allá de los nombres de los funcionarios y renuncias que no ocurrieron, en el fondo se suscita un debate sobre el modelo económico y sobre el rol del Estado en este contexto social, en medio de la segunda ola pandémica.
Economía y Jefatura de Gabinete acompañaron la información sobre el (no) despido de Basualdo con otro dato vinculado al aumento de tarifas eléctricas: habría dos aumentos en el año y el primero sería del 9 por ciento.
La decisión que ya había tomado Basualdo, en línea con el discurso de Cristina Fernández de hace unos meses donde reclamó que los salarios estuvieran alineados con la inflación y las tarifas, era que en el año habría un solo aumento del 9 por ciento.
No dos como había prometido Guzmán a las distribuidoras eléctricas, en línea con su negociación con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). Su objetivo era conseguir un incremento del 30 por ciento. Inviable para algunos integrantes de la coalición de gobierno.
Basualdo no sólo no fue echado, sino que el sábado por la mañana el Ente Nacional de Regulación Eléctrica difundió un comunicado en donde ratificaba que el incremento anual sería del 9 por ciento. Tal como venía pregonando Basualdo en choque con las empresas distribuidoras de todo el país que reclamaban aumentos superiores al 30 por ciento.
“En el marco de la negociación del Régimen de Transición, el Ente Nacional Regulador de Electricidad ( ENRE) dispuso una adecuación del 9% promedio en el AMBA. De haberse aplicado los criterios tarifarios del gobierno de Cambiemos, el aumento tarifario alcanzaría el 160% promedio.
Desde diciembre de 2019, el gobierno del Frente de Todos ha priorizado la necesidad de morigerar el impacto tarifario sobre el poder adquisitivo de familias, comercios e industrias, en el contexto de emergencia económica, sanitaria y energética”, puede leerse en el comunicado del ENRE firmado el 1 de mayo.
Hay un trasfondo que emergió con esta interna que puede formulase a modo de pregunta: ¿vale la pena subsidiar a las dos grandes distribuidoras de electricidad del área metropolitana, Edesur y Edenor?
Sobre el cierre del Gobierno de Mauricio Macri, el expresidente y Gustavo Lopetegui rubricaron un acuerdo secreto en donde les reconocieron a Edenor y Edesur ingresos no percibidos por 101.000 millones de pesos como consecuencia del congelamiento de tarifas aplicado entre 2006-2015, además de licuarles deudas millonarias. El ENRE determinó que esos números habían sido fraguados.
Edenor pedía una recomposición de ingresos por 56.946 millones de pesos y Edesur por 44.067 millones. Sin embargo, el ENRE, bajo la conducción de Basualdo, determinó que en realidad durante el período analizado las empresas habían recibido más recursos de los que ahora reclamaban. En conclusión, ambas empresas le debían al Estado siguiendo la lógica de la compensación compulsiva algo así como 44.000 millones de pesos.
Ese acuerdo secreto fue judicializado y la Procuración de Investigaciones Administrativas dictaminó su ilegalidad. Basualdo le envió el análisis realizado por el ENRE a Guzmán para que el ministro diera de baja administrativa el desfalco que había convalidado el macrismo. Pero hasta el día de hoy, Guzmán no movió ese expediente.
El tema es clave porque las dos distribuidoras anotaron como un haber esos “ingresos no percibidos”. Si se da la baja el acuerdo secreto, automáticamente quedarían en un rojo contable. Es decir, quedarían a precio de remate.
Aquí es donde entra otra discusión que algunos funcionarios como Basualdo querían dar pero que ni Guzmán ni Alberto Fernández estaban dispuestos a convalidar (la correlación de fuerzas dentro del FdT tampoco lo permitiría). ¿Vale la pena seguir subsidiando empresas deficitarias? ¿No será hora de que el Estado se haga cargo de ese servicio?
Para tener una idea de lo que ocurre en el sector, habría que observar otro dato. En 2020, todas las distribuidoras eléctricas del país acumularon una deuda con CAMMESA de 150.000 millones de pesos. Lo que le deben al Estado es mucho más que su valor patrimonial.
Esta es una discusión de fondo que quedó plasmada en la interna entre Basualdo y Guzmán. Obviamente que sería esperable que haya una segmentación en los subsidios para que el que más ingresos tiene más pague pero en este contexto social y económico, en el marco de una pandemia, no resulta viable una eliminación de subsidios tal como proponía Guzmán en su Presupuesto 2021, el cual ya quedó bastante desdibujado por los propios datos de la realidad. Nadie cree que la inflación anual sea del 29 por ciento.
Por el momento, Basualdo no se fue. Tampoco Guzmán. Está claro que quien intervino de manera directa fue Cristina Fernández de Kirchner. En su entorno ratifican que la relación con Alberto está bien. No así con otros funcionarios, como el ministro de Economía y Santiago Cafiero, quienes terminaron haciendo “un daño innecesario” al exponer una interna de la manera en que lo hicieron.
*LOA, BAEN
