11 junio, 2020
Pese a la gravedad del hecho que expone en gran medida la situación institucional que sobrelleva Chubut, como lo fue el allanamiento a una dependencia del propio Poder Judicial en el marco de la resonante causa del abuso sexual «en manada» , ningún medio de la provincia publicó el tema pese a constar que la mayoría de los muchos y buenos periodistas que hay en territorio estaban enterados, pero no pudieron comunicarlo.
Otro dato que expone también la gravedad de silenciamiento por autocensura que rige en una buena porción de medios, la mayoría fuertemente condicionados por dependencia económica del establishment, o por relaciones íntimas. Sólo fue anoticiada por Radio Chubut LU20 y Chubutline a nivel provincial, y el sitio nacional Infobae.
Lo cierto es que este miércoles se concretaron dos allanamientos vinculados, uno a las oficinas del Ministerio Público de Puerto Madryn, a cargo del Fiscal Jefe, Daniel Báez y otro en el domicilio de uno de sus empleados encargado de la comunicación institucional del organismo judicial.
Hasta el momento de esta publicación, ni desde la Fiscalía a cargo de Daniel Baéz, ni desde el Ministerio Público Fiscal que representa Jorge Miquelarena se realizó ningún descargo público pese a la resonancia del hecho.
El procedimiento se hizo tras una denuncia del propio fiscal, Fernando Rivarola. Entre los archivos se encontraría el acuerdo de juicio abreviado, que expone detalles de la intimidad de la víctima del caso del “desahogo sexual”, que evidentemente recrudece con nuevas aristas.
El día anterior el juez Marcelo Nieto di Biase había rechazado el acuerdo de juicio abreviado pactado por el fiscal Fernando Rivarola y las defensas de los tres acusados, por la violación en grupo en septiembre de 2012 en Playa Unión (Chubut).
Luego, se allanó la oficina fiscal de Puerto Madryn, en busca de la computadora de un empleado en particular debido a que se los acusó de filtrar documentos reservados del caso que contienen detalles que afectan la intimidad de la víctima. Entre los documentos secuestrados se habrían encontrado el acuerdo de juicio abreviado, así como otros archivos del legajo.
El propio Rivarola hizo la denuncia, mediante un sumario administrativo en el Ministerio Público y una causa por el artículo 157 del Código Penal, a cargo de la jueza Mirta Moreno. El artículo establece que “será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.
La hipótesis es que un empleado desleal lo extrajo del sistema en línea SRCONEX, que emplea el MPF, y lo difundió por sus propias redes sociales. El tema es que al difundirse profusamente el concepto de “desahogo sexual” la comunidad toda se manifestó indignada. Coincidentemente el fiscal que acusa a los presuntos abusadores cambió de tipificación penal y se abrió una polémica nacional, tanto a nivel político como en la sociedad en su conjunto.
Pese al allanamiento, todavía no hay un imputado de manera formal y se esperan resultados de las pericias.
Entre otras cosas, tras el rechazo de Nieto Di Biase precisamente de ese acuerdo por dinero, dejaría libres a los imputados del abuso sexual. Pero el fiscal Rivarola presentará este jueves la apelación de ese rechazo porque considera que con un juicio público se “revictimiza a la víctima”.
Sin embargo, Nieto di Biase apuntó fuertemente contra el fiscal, en declaraciones a TN con argumentos jurídicos y éticos absolutamente sólidos. “Remarqué en distintas circunstancias que el acuerdo no puede ser válido. Uno, porque considero que por los hechos relatados por la Fiscalía, la calificación debe ser otra.
En este caso considero abuso sexual doblemente ultrajante por la participación de dos o más personas, con una mínima de ocho años y una máxima de 20. Hace falta mayor conocimiento de los hechos porque habría elementos posiblemente desarrollados en el juicio que la propia fiscalía cita, que se requiere sean ventilados en un juicio oral. Son las dos posibilidades que permite el Código Penal para que un juez no homologue un acuerdo”, señaló.
“En la audiencia se me hace saber una circunstancia que no puedo obviar: hubo un acuerdo privado entre los imputados y la víctima. No me hicieron saber el monto ni en qué consistía porque había un pacto de confidencialidad. Pero me dice la Fiscalía en el marco de todo esto ‘mire, le hacemos saber que hubo un acuerdo reparatorio de forma independiente y le pedimos que lo sepa pero que no lo vuelque en la sentencia’. Me pareció totalmente inadmisible”, reveló el magistrado.
Y agregó: “Lo sentí como un agravio personal porque me estaba diciendo ‘usted no cumpla con su función’. Me resulta repugnante, que fue el término que utilicé en mi resolución, que haya una justicia que dependa de la capacidad económica de los imputados. O sea, tenemos justicia para ricos y justicia para pobres”. El hecho dejaría un peligrosísimo precedente con la lógica del fiscal, donde quienes violen a alguien y puedan pagarle a la víctima no serían criminales, y quienes no pudieran con dinero abonarían con su libertad e irían preso.
A criterio del juez, el acuerdo pretendía imponer una pena de tres años en suspenso, “mínima para la escala elegida por las partes”.
Con todo eso, el juez Nieto Di Biase apuntó directamente contra la fiscalía de Rivarola. Incluso, denunció una situación irregular antes de emitir su fallo.
Ahora Rivarola apuntó al Ministerio Público Fiscal. La especulación masiva de los vecinos es que el “acuerdo” por dinero no sólo sería con la víctima sino con gran parte del sistema judicial. Parte de todo eso se sabrá si efectivamente el Fiscal insiste en no llevarlos a juicio y apela, y si la Cámara termina relevando del caso al juez que no tranzó.
https://radiochubut.com/allanaron-la-oficina-de-fiscalia-de-puerto-madryn/
