Allá por 2017, el gobierno de El Salvador anunció que sería el primer país del mundo en dictar la prohibición de la minería. La acción se consideró como una importante victoria medioambiental.
La legitimidad de las acusaciones es poco clara. Los defensores del agua formaban parte de un grupo de resistencia que luchaba contra la dictadura de derecha durante la guerra. Sin embargo, provienen de Santa Marta, una comunidad fundada por personas desplazadas consideradas víctimas en gran medida.
Silenciar a los defensores del agua
“Las detenciones están motivadas políticamente, ya que buscan silenciar a estos defensores del agua y desmovilizar a la oposición de la comunidad en este momento crucial”, declaró en un comunicado el Institute for Policy Studies, un comité de expertos progresista que también defendió la prohibición de la minería y que tiene su sede en Washington, D.C., en Estados Unidos.
Los defensores del agua comenzaron a pronunciarse en contra de la minería industrial alrededor del 2005, cuando el precio del oro en aumento atrajo un mayor interés en los depósitos sin explotar en el norte de El Salvador. En concreto, a los defensores del agua les preocupaba la minería cerca de la cuenca del río Lempa, que es una de las fuentes principales de agua del país. Tuvieron que pasar más de una década y varios pleitos antes de que el país prohibiera finalmente la industria.
Una de las personas detenidas, Antonio Pacheco, es el director de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), una de las varias organizaciones en el norte de El Salvador que intentan dirigir la atención hacia los problemas de contaminación del agua que quedaron de la época previa a la prohibición de 2017. Su organización también intentaba sensibilizar sobre el aumento de la explotación minera artesanal, que presuntamente depende del trabajo infantil y del mercurio.
Hasta la tercera semana de marzo de 2023, los cinco defensores del agua continuaban detenidos.
La minería podría estar por volver
Hay otros indicios que apuntan a que la minería podría estar por volver. En octubre de 2021, se creó un departamento gubernamental para regular las industrias de la energía y la minería, llamado Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, con la aprobación del Congreso. Asimismo, más tarde ese mismo año, el país se incorporó al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, un organismo internacional que apoya los “objetivos de desarrollo sostenible” para el sector minero. Ninguna de estas instituciones respondió al pedido de comentario realizado por el entrevistador.
El noviembre pasado, el país también comenzó a negociar un acuerdo comercial con China, que algunos ecologistas temen que incluya vías para introducir concesiones mineras. En los últimos años, China ha penetrado agresivamente en América Latina con su iniciativa de la Franja y la Ruta, un programa de inversión internacional para desarrollar proyectos de infraestructura, energía y minería. El Salvador se unió en 2019.
“Recurrimos a la comunidad internacional para que se una al pueblo salvadoreño en su lucha para proteger el agua, defender el medioambiente y proteger el derecho a la vida que se ve gravemente amenazado por la dañina extracción de metales”, manifestaron 20 grupos ecologistas y de salud pública locales en un comunicado difundido en enero de 2023.
Levantar la prohibición de la minería es ignorar las preocupaciones medioambientales
Bukele tiene antecedentes de lanzar proyectos polémicos que ignoran las preocupaciones medioambientales en nombre del crecimiento económico. Un aeropuerto y línea de tren nuevos que procuraban acercar el comercio internacional a la mitad oriental del país eludieron las regulaciones medioambientales preliminares y podrían poner en peligro los ecosistemas de los manglares. Una serie de proyectos de autopistas también generan inquietud en relación con la deforestación.
Una apuesta menos ortodoxa por el crecimiento económico fue convertir el bitcoin en moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. La criptomoneda entró en crisis el año pasado, y los observadores internacionales temían que el país incumpliera el pago de un bono de $800 millones en enero. De acuerdo con los observadores, si el país necesita capital, así como estabilidad económica, abrir un sector minero lucrativo podría ser una opción.
“Pareciera que la única salida que ve este gobierno es apostar a la inversión”, dijo Vidalina Morales, presidenta de ADES. “Traer inversores al país para hacer lo más viable: la minería”.
