26 diciembre, 2022
PRESENTARÁ ADEMÁS UN RECURSO "IN EXTREMIS" PARA RECUSAR A LOS JUECES DE LA CORTE
El Presidente comunicó que depositará los fondos en una cuenta del Banco Nación, y reveló además que irá por un recurso “in extremis”, que recusará a los jueces del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto para tratar en sesiones extraordinarias.
El presidente Alberto Fernández finalmente comunicó que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia e informó que le pagará al Gobierno de la Ciudad lo que le indicó la Justicia a través de bonos. Además, reveló que presentará un recurso “in extremis”, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.
«Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer», planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter.
Días después de haber calificado el fallo de «imposible cumplimiento», planteó: «Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos».
«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes», aclaró.
En la misma línea, recordó que los bonos TX31 fueron aceptados por la Corte ante una demanda por coparticipación planteada por la provincia de Santa Fe. «Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda», ironizó Fernández.
Se trata de bonos del Tesoro que nunca fueron licitados y fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.
Manifestó también que las políticas del Poder Ejecutivo se aplican en todo el territorio nacional y planteó que si se afectan los recursos de la Nación «se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas».
“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte actuando como instancia única sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, sostuvo el Presidente sobre el método para reintegrarle a la Ciudad el 2.95%.
A su parte, reveló que instruyó al procurador Carlos Zaninni para que efectúe una presentación formal de recursos de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial, y además, ordenó recusar a los integrantes de la Corte que firmaron la resolución.
De la misma forma, le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley.
Aunque el jefe de Estado comunicó que acatará el fallo, no se privó de cuestionar a la Corte: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, denunció.
«Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce», cerró el mandatario.
A finales de la semana pasada, el Gobierno había anunciado a través de un comunicado firmado de forma conjunto con 14 gobernadores que no acataría el fallo. A su parte, desde la administración porteña estudiaban alternativas para exigir ante la Corte la ejecución del fallo y avanzaban con denuncias penales contra el Presidente.
El Gobierno nacional ya trabaja en la estrategia legal para presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la cautelar dictada por la Corte Suprema y que repuso parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad. Alberto Fernández y un puñado de funcionarios de su confianza avanzaron en las últimas horas con la mira puesta en el próximo miércoles, cuando vencen los plazos para presentar la apelación.
Según datos aportados por LN el Gobierno apoyará sus argumentos, principalmente, en que ya hay una ley de Presupuesto dictada por el Congreso que fija la asignación de recursos para 2023. Y que no se puede, a esta altura del año, modificar esa distribución, dado que el aumento de fondos de la coparticipación primaria que la Corte ordenó efectuarle a la administración de Horacio Rodríguez Larreta va en detrimento de otras inversiones públicas pautadas. De ahí que en la Casa Rosada repiten, sin cesar, que el fallo es “de imposible cumplimiento”.
Los funcionarios de Fernández apuntarán a las leyes 23.982 y 11.672 que, siempre según la interpretación que hacen en la Casa Rosada, dicen que las sentencias que determinan pagos con fondos públicos deben ser contempladas por el Congreso y previstas en el Presupuesto Nacional. La última de esas normas fija que “en el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente”.
Antes de cerrar la semana con las celebraciones de Nochebuena y Navidad, el Presidente dialogó con especialistas jurídicos y funcionarios de su confianza. Deliberó sobre el fallo de la Corte y sobre el contenido de la apelación que hará el Gobierno, con el objetivo de que la puja jurídica se extienda y así justificar la decisión política de no aumentar los fondos girados a Rodríguez Larreta.
Quienes dialogaron con Fernández en las últimas horas lo escucharon hablar en términos jurídicos, en el papel de profesor de Derecho, justificando así la actitud que tomó el Gobierno tras recibir una fuerte presión de los gobernadores peronistas. Los caciques del PJ instaron al jefe de Estado a que “hiciera algo” para darle batalla a los cortesanos. En la Casa Rosada, el Presidente y sus funcionarios más cercanos buscaron un ropaje jurídico para sostener la determinación política de no acatar lo dispuesto por el fallo.
En la presentación ante la Corte, además del propio Fernández -que supervisa con su mirada legal- debe trabajar la Procuración del Tesoro Nacional, cuyo responsable máximo es Carlos Zannini, espada jurídica de Cristina Kirchner en el gobierno nacional. Zannini es el funcionario que debe presentar el escrito ante el máximo tribunal, al cuarto piso de Talcahuano al 500. El vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra -guardiana jurídica del Presidente- tuvieron un rol de apoyo al jefe de Estado en la estrategia legal que llevará el Gobierno.
Según los plazos legales, el Gobierno tiene tres días hábiles para presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada por la Corte, que aumentó la coparticipación para la Ciudad del 2,32 al 2,95%. El Poder Ejecutivo fue notificado el miércoles pasado por lo que -dado que el viernes hubo asueto administrativo- el plazo vencería en las primeras dos horas de tribunales del miércoles próximo.
Además, el Gobierno anunció que va a recusar a los cuatro miembros de la Corte Suprema. En la Casa Rosada hablan con los peores calificativos de los supremos, mientras que el kirchnerismo asegura, directamente, que hay un “gobierno de facto” por parte del máximo tribunal. Se espera que Cristina Kirchner haga alusión a este concepto el martes, cuando reaparezca en público el martes, en un acto en Avellaneda.
En el Gobierno, en tanto, esperan tener un fuerte soporte de los gobernadores en la estrategia judicial. Según se anunció, los mandatarios de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, solicitarán que sus provincias sean tenidas por parte en el expediente acompañando el planteo de la Nación. Uno de esos gobernadores, por caso, señaló a LA NACION que los abogados de su administración “ya están trabajando” para hacer las presentaciones pertinentes.
El jueves, en una reunión en Casa Rosada, hubo mandatarios provinciales que reclamaron iniciar un juicio político contra los ministros de la Corte y otros, directamente, pidieron que el Gobierno desconociera, sin más, el fallo dictado por el máximo tribunal. Fernández y sus funcionarios replicaron con la propuesta de recusar a los jueces -en lugar del juicio político- y pedir la revocatoria del fallo.
*NA/LN
