21 febrero, 2026
La Ley de Financiamiento Universitario arrancó un nuevo capítulo de su muy larga historia. El Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de ley, con el que busca modificar (y no derogar) la ley ya votada por los legisladores, pero que el Poder Ejecutivo, aunque debió promulgar, nunca puso en ejecución.
Ahora, con una nueva conformación de Diputados y Senadores, y con el viento que parece soplarle a favor, el gobierno de Milei busca cambios relevantes en los artículos de aquella ley.
La modificación más importante refiere al pago de los salarios de docentes y no docentes de la educación superior.
La ley votada por el congreso (la 27.795) estableció que el Estado debe pagar al menos todo lo perdido por IPC desde diciembre de 2023. Fuero 38% en 2024 y 14% en 2025.
El nuevo proyecto del Ejecutivo, en cambio, no habla nada de 2024 y solo se refiere a una recomposición de lo perdido en 2025. Establece que esa recuperación será de 12,3%, que se pagará en tres tramos de 4,1% cada uno, el 1° de marzo, el 1° de julio y el 1° de septiembre de este año.
La ley votada dispone, además, que el Estado nacional debe convocar a los gremios del sector a una negociación paritaria, al menos una vez cada tres meses, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación del Indec.
El nuevo proyecto también habla de una paritaria trimestral, pero no se menciona el compromiso del aumento mensual por inflación.
Con respecto a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, la ley votada habla de una corrección por lo perdido en 2024 y 2025.
El proyecto de ley, en cambio, mira hacia 2026 y propone atar la actualización de esos gastos a la inflación observada por el Indec por encima del 14,3%, que es el valor estimado por el Presupuesto 2026.
Es decir, que se garantiza que, si la inflación es mayor, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento. Pero no habla nada de lo perdido en 2024 y 2025.
Eso sí, introduce un refuerzo específico para los hospitales universitarios de más de 80.000 millones de pesos ($80.072.460.000). Esto no estaba previsto en la ley votada y se entiende como un reconocimiento al estado delicada en el que se encuentra el sistema de salud que depende de las universidades nacionales.
El Gobierno también se ocupó de hacer cambios en el artículo sobre los objetivos de la ley. No modificó nada del contenido, pero sí reemplazó el lenguaje inclusivo («los/las docentes», por ejemplo), por el tradicional «los docentes».
Con el nuevo proyecto el Gobierno busca desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir con una ley votada por el Congreso, y ratificada por dos tercios de las cámaras, tras el veto presidencial.
Hasta ahora, el Poder Ejecutivo había ganado tiempo recusando al juez federal Martín Cormick, que había ordenado el inmediato cumplimento de la ley, de manera que hoy no hay juez en la causa. El argumento de los abogados de la Casa Rosada fue que el magistrado no podía ser imparcial porque era profesor universitario.
Pero sabiendo que finalmente debería cumplir con su obligación legal, desde el Ejecutivo cambiaron de estrategia, y por eso avanzan rápido con este proyecto de ley.
Este mes, en pleno período estival, desde el Gobierno convocaron a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades nacionales, a dialogar sobre este proyecto, como una forma de buscar apoyo político, antes de ser enviado al Congreso.
Reunión entre el Gobierno y rectores univesitarios, para hablar sobre el nuevo proyecto de ley.Reunión entre el Gobierno y rectores univesitarios, para hablar sobre el nuevo proyecto de ley.
El secretario de Educación Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron, así, con los rectores Carlos Greco y Franco Bartolacci y les informaron sobre el avance del proyecto. El titular del CIN, Oscar Alpa, estaba de vacaciones.
Si bien reconocieron que hubo dialogo, los rectores no avalaron el nuevo proyecto de ley.
