23 marzo, 2025
El sábado 22 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del Día Mundial del Agua. Y, en el actual contexto de pérdida de soberanía y saqueo sin límite de nuestro patrimonio y nuestros bienes comunes, no se trata de un aniversario más.
Por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis /ECALL
El contexto de este nuevo aniversario es la puesta en funcionamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación otorgándoles escandalosos beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
Estos proyectos, que por su envergadura están direccionados a los sectores extractivos, tienen máxima prioridad en el uso de insumos. Es decir que tienen prioridad, por ejemplo, en el acceso al agua y a la energía. Es más, ninguno de los artículos específicos del RIGI establece condiciones a las empresas beneficiarias para que presenten los estudios de impacto ambiental de sus proyectos para acceder al beneficio. Esta política de incentivo a las actividades extractivas plantea un horizonte de 30 años, comprometiendo a las generaciones futuras y, por supuesto, entra en contradicción con muchos de los compromisos que en materia ambiental la Argentina ha contraído.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) es el organismo nacional que tiene a su cargo las políticas de agua y saneamiento de nuestro país. Este organismo, donde trabajaban prestigiosos sanitaristas, se ocupaba de planificar, ejecutar y administrar obras de agua y saneamiento en todo el territorio nacional.
El ENOHSA, además, financiaba obras de infraestructura y desarrollaba tareas de investigación y desarrollo tecnológico en temas de agua potable y saneamiento. En Argentina, siete millones de habitantes no acceden al agua potable y 20 millones no acceden a la cloaca. Esta profunda desigualdad territorial no solo condiciona la reproducción de la vida, sino que constituye una enorme injusticia de género. Cuando no se accede al agua potable, la mortalidad infantil se multiplica, la esperanza de vida se reduce drásticamente y las mujeres tienen que destinar el doble de tiempo a las tareas no remuneradas de cuidado. ¿Será la libertad de mercado la que garantice el acceso al agua potable en los 6.467 asentamientos, villas y barrios populares de nuestro país?
Esta medida se da en paralelo a la privatización de AySA, la empresa que se ocupa de prestar el servicio de agua y cloaca en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. El primer paso hacia la privatización fue dado con la aprobación de la conocida ley Bases, que dispuso que AYSA S. A. se encuentra sujeta a privatización. El segundo paso consistió en eliminar los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado nacional para que de esta forma la empresa sea rentable para los futuros compradores. Esto llevó a que en algunos casos el aumento de la tarifa al usuario por el servicio público de agua y saneamiento llegara a un 1500% durante 2024. Estamos viendo por primera vez el corte del servicio por falta de pago a través de lo que se denomina “reducción de la prestación”, donde AYSA cierra el flujo y sólo permite que salgan gotas de la cañería.
Es oportuno mencionar la privatización de las centrales hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén, que nos deja el gran interrogante respecto a qué va a pasar con el organismo regulador (ORSEP) que se ocupa de la seguridad de las presas.
A esto se suma el desguace del Instituto Nacional del Agua (INA) que, por ejemplo, tiene a su cargo el sistema de alerta del río Paraná, y el desmantelamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) cuya tarea es llevar adelante el saneamiento ambiental de la cuenca.
MEKOROT, la empresa estatal de agua potable israelí, avanza con la planificación estratégica del sector hídrico de la Argentina. ¿Por qué MEKOROT planifica nuestro bien común más preciado y estratégico?
Con el impulso del gobierno nacional, diez gobiernos provinciales firmaron distintos acuerdos con Mekorot, la empresa estatal de agua israelí denunciada por hacer un apartheid hídrico contra el pueblo palestino en los territorios ocupados. Estamos hablando de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. MEKOROT está diseñando los planes maestros y estratégicos para el sector hídrico, la gobernanza del agua y el agua potable. No es casualidad que las provincias firmantes sean en su mayoría territorios saqueados por la megaminería que consume millones de litros de agua.
En nuestro país, la evolución del saneamiento básico (infraestructura de agua potable y desagües cloacales) siempre ha dependido del devenir de los procesos políticos. Las epidemias de cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla que tuvieron lugar en 1867-1871, constituyeron enormes desafíos para el sanitarismo argentino. Así surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la ciudad de Buenos Aires, llevados a cabo por John Coghlan, primero, y por el ingeniero Bateman, después, entre 1869 y 1880.
En 1880, las obras construidas (redes distribuidoras de agua potable, cloacas máximas y grandes conductos pluviales) daban cobertura a la cuarta parte de la ciudad. Durante un siglo, entre 1880 y 1980, la empresa Obras Sanitarias de la Nación tuvo a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las principales ciudades de nuestro territorio. Entre 1947 y 1951, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el programa de obras de infraestructura ubicó a la Argentina como pionera en la región en materia sanitaria. De la mano de la última dictadura cívico-militar llegaron el desfinanciamiento y el desguace del sistema sanitario, proceso que terminó de consolidarse en la década del ‘90 con la privatización del sector. Antes de la privatización del servicio, se invertía más del 4% del PIB en el sector de agua y saneamiento cloacal.
En nuestro país, todos los días, las mujeres y las infancias pierden oportunidades por falta de acceso al agua potable. Sin duda tenemos que revisar las políticas hídricas, pero cerrando el ENOHSA, privatizando AySA, desmantelando el INA y Acumar, solo vamos a profundizar la brecha de desigualdad.
Sin mayor debate en los últimos años, nos han privatizado el acceso al agua potable, obligando a gran parte de la población —y en la medida de sus posibilidades económicas— a proveerse de esta mediante la compra de bidones o la utilización de carísimos filtros domiciliarios, a la par que el Estado se ha corrido de su deber fundamental de garantizar —mediante las obras correspondientes— su acceso seguro a la población humana.
No solo eso, el Estado se ha desentendido de su obligación de alertar y advertir sobre las contingencias cada vez más frecuentes, relacionadas con excesos en los niveles de los parámetros físico-químicos y/o bacteriológicos del agua que consume la gente diariamente, que determinan a todas luces su no potabilidad y, en consecuencia, la generación de un riesgo de daño a la salud humana.
A su vez, desde todos los niveles gubernamentales, tanto a nivel nacional como provincial, se ha avanzado en un proceso de mercantilización de los ríos, para ponerlos a entera disposición de un modelo extractivo minero, forestal y agrícola, y transformarlos en las venas abiertas del saqueo de los territorios que habitamos.
Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar que, en la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto per cápita que duplica al presupuesto de la ciudad de Barcelona, uno de cada siete porteños no accede formalmente al agua potable. Aproximadamente 400.000 habitantes de nuestra ciudad consumen agua que ningún organismo de gobierno controla, a la que acceden precariamente mediante mangueras, donde la poca agua que escurre lo hace con valores de presión cinco veces menores a lo que establecen las normativas, poniendo permanentemente en riesgo su calidad y la salud. Todos los días, 140.000 porteños almacenan agua en baldes y tachos. Sólo en Villa 20, un barrio porteño con cien años de historia donde viven 35.000 personas, el 6% de los hogares no cuenta siquiera con una canilla.
Durante el discurso de Jorge Macri de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, el jefe de gobierno no hizo un solo anuncio para mejorar las condiciones de acceso al agua y la cloaca de quienes habitan las villas porteñas.
Por último, el GCBA ya otorgó el permiso ambiental para la destrucción de uno de los pocos humedales que tiene la ciudad, el ubicado en la Costanera Sur, en los predios de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, para que allí se alce un nuevo Puerto Madero. Mientras Jorge Macri repite el engañoso mantra del “no se inunda más”, impulsa la construcción de decenas de torres de 145 metros de altura en el marco del proyecto Ramblas del Plata (ex Costa Urbana).
Nos interesa celebrar el Día Mundial del Agua, más allá de lo simbólico, mostrando acciones concretas en su defensa, tanto en su consideración de bien esencial para el funcionamiento de la naturaleza como sistema y de fuente vital para los seres humanos.
El Movimiento por el Agua, El Observatorio del Derecho a la Ciudad, El Movimiento la Ciudad Somos Quienes La Habitamos y Naturaleza de Derechos fundada por el abogado Fernando Cabaleiro, con el acompañamiento de organizaciones y asambleas de los distintos territorios, hemos diseñado, articulado y presentado varias acciones judiciales en defensa del agua.
