Afirman que las “Malas políticas incentivan la informalidad laboral” en la Argentina

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), las altas cargas sociales y la proliferación de planes asistenciales llevan a que mucha gente gane más trabajando como informal que contratado por una empresa que cumple con todas las normas. “Con incentivos tan perversos no sorprende que la informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado”, sostuvo.

El informe que realizó IDESA, los asalariados registrados en empresas privadas y en el sector público representan apenas el 47% de los ocupados. Es decir, menos de la mitad del mercado de trabajo. El resto se integra por un 30% de cuentapropistas y un 23% por trabajadores asalariados no registrados también conocidos como empleados “en negro”. “Si bien algunos cuentapropistas son trabajadores formales, la gran mayoría también son informales”, indicó.

El instituto detalló que algunas de las causas, tomando datos del Indec referidos al 4° trimestre del 2020, son:

Un empleador para poner en blanco un trabajador tiene que pagar, sumando salario bruto más cargas sociales, unos $67.000 mensuales.

El trabajador recibe como salario de bolsillo, es decir neto de aportes, unos $45.000.

Trabajando en la informalidad ganaría unos $20.000 que sumados al programa Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar por otros $20.000 llega a unos $40.000.

Frente a este panorama, Idesa observó que “muestran que es muy factible que en la informalidad se consigan mejores ingresos que con un empleo formal”.

“Hay que tener en cuenta que una persona de bajas calificaciones, si consigue un empleo formal, seguramente es con un salario inferior al promedio. Además, el cálculo no considera otros programas asistenciales administrados por diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales que también exigen no tener empleo formal. Es decir, que los incentivos a trabajar en la informalidad son mucho más fuertes que los calculados en este ejemplo. Los datos confirman una realidad a la que se enfrenta mucha gente, especialmente, la más vulnerable”, explicó.

“Con un sector público crónicamente deficitario, que cobra muchos y malos impuestos y brinda servicios de baja calidad se generan condiciones poco favorables para la inversión productiva y la generación de empleos de calidad. Esto garantiza insuficiencia de empleos de calidad y bajos salarios. La imposición de muy altas cargas sociales, que aumentan los costos laborales y baja la remuneración de bolsillo, es un ejemplo concreto e ilustrativo de cómo las malas políticas publicas estimulan la informalidad”, continuó.

En este marco, “la pobreza se vuelve crónica, masiva y estructural” y crece aún más “el asistencialismo”, convirtiéndose en un factor que contribuye a darle sustentabilidad a la pobreza. “En primer lugar, porque la máxima aspiración de la mayoría de los programas asistenciales es aportar paliativos, pero no sustituye el empleo formal como herramienta de bienestar y dignidad a las familias. En segundo lugar, porque el asistencialismo genera una alta rentabilidad política. Esto explica la proliferación de programas asistenciales que tienen como principal objetivo generar material de comunicación para que un funcionario aparezca entregando algo a una familia vulnerable”, aseveró Idesa.

De ese modo, el informe resuelve que se necesita ordenar los programas asistenciales para evitar la manipulación de la gente con fines políticos, pero el progreso social depende crucialmente de dinamizar el empleo de calidad. “Para ello es imprescindible un contexto más amigable para la inversión productiva. Esto requiere un ordenamiento integral del sector público. Es imposible lograr el crecimiento económico para sacar a la gente de la pobreza con un Estado desordenado que es la fuente de la inestabilidad y el empobrecimiento”, concluyó.

*EE, IDESA