30 enero, 2021
En 2020 la Argentina se ubicó en el puesto 78 de un total de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) elaborado por la organización Transparencia Internacional. El país obtuvo 42 puntos, 3 puntos menos que en 2019, y retrocedió 12 puestos en el ranking durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández. De 2015 a 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, el país había trepado 40 puestos y había crecido 13 puntos.
El índice, que se creó en 1995, se construye a partir de evaluaciones y encuestas a expertos y empresarios sobre la corrupción. De acuerdo con el informe, los países que más se acercan a 100 puntos son percibidos como los menos corruptos, mientras que los más cercanos a 0 son percibidos como más corruptos.
Respecto a las razones del aumento en la percepción de corrupción, Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización Poder Ciudadano, a cargo del capítulo local de Transparencia Internacional, resaltó dos: el manejo poco transparente de las compras y contrataciones durante la pandemia de la COVID-19 y los intentos de avanzar en el Poder Judicial por intereses partidarios del Gobierno de Fernández.
En relación al primer punto, Secchi señaló en diálogo con Chequeado que “hubo muy poca transparencia, muy pocas de las compras se hicieron por los canales normales”. Y agregó: “Salieron algunos decretos para apurar las compras en emergencia, pero no se procedió con un sistema de control acorde a lo que fue esta emergencia. Encontramos un montón de compras y contrataciones que tampoco tienen que ver con la pandemia pero que se metieron dentro de la emergencia para salvar los sistemas de control que existen”.
“Por otro lado, lo que vemos este año es todo el intento del Gobierno de pretender influir en la Justicia y hacer cambios en el Poder Judicial y en la Procuración, que tiene que ver más con intereses del Gobierno propios de problemas de su partido, que con efectivamente una reforma necesaria para mejorar los sistemas de Justicia”, indicó el director de Poder Ciudadano.
En la nueva edición, Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan a la cabeza del índice, con 88 puntos cada una. En el otro extremo se encuentran Siria, Somalia y Sudán del Sur, con 14, 12 y 12 puntos, respectivamente. En América Latina, Uruguay es el país con mejor puntaje, con 71 puntos.
Según el análisis de Transparencia Internacional, los países con buenas puntuaciones en el índice invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho.
“Las emergencias generan siempre un aumento en el riesgo de corrupción, por lo cual hay que redoblar el acceso a la información y garantizar controles concomitantes efectivos. El desafío que enfrentan los gobiernos es dar respuesta adecuada a la emergencia en el marco del respeto del Estado de Derecho y de los derechos de los ciudadanos”, reflexionó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
*TI, Chequeado
