El acuerdo obliga al grupo a realizar inversiones directas adicionales y cerrar reclamos previos. La extensión de parte del plazo contractual queda condicionada al cumplimiento de las obras.
Aeropuertos Argentina deberá realizar inversiones directas adicionales por USD 600 millones y desistir de una demanda judicial iniciada contra el Estado en 2023, según el acuerdo alcanzado tras la renegociación de la concesión aeroportuaria.
La Decisión Administrativa contempla una recomposición del contrato mediante la extensión del plazo de la concesión y establece nuevas obligaciones de inversión, además de condiciones destinadas a cerrar controversias acumuladas entre la empresa y el Estado.
Según lo acordado, los análisis técnicos, económicos y financieros realizados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) determinaron una extensión de 11 años desde el vencimiento actualmente previsto, por lo que la concesión se prolongará hasta el 13 de febrero de 2049.
A su vez, se estableció una inversión directa adicional de USD 600 millones, IVA incluido, cuya ejecución habilitará una ampliación de otros siete años para amortizar las obras, sujeta al cumplimiento de condiciones específicas.
La empresa deberá demostrar antes del 30 de junio de 2027, mediante un informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que dispone de los USD 600 millones requeridos. Además, deberá tener finalizado el 75% de las obras correspondientes a esa inversión antes del 31 de diciembre de 2031.
En el marco de la renegociación, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en todos los asuntos relacionados con AA2000, su grupo controlante, accionistas o sociedades vinculadas debido al vínculo profesional que mantuvo con el grupo empresario Corporación América, al cual está vinculada la concesionaria. La decisión fue adoptada por razones de decoro y delicadeza, con el objetivo de preservar la confianza pública en la imparcialidad de las decisiones de gobierno.
Otro punto del acuerdo fue la Tasa Interna de Retorno (TIR) utilizada como referencia para recomponer el equilibrio económico-financiero. Aeropuertos Argentina pretendía una tasa de poco menos del 17%, vinculada al Riesgo País y contractualmente exigible al Estado, mientras que la TIR de referencia resultante fue estimada en 14,30%, sin mecanismos que determinen su incremento automático.
La empresa también había solicitado incorporar en la renegociación una cláusula que contemplara un proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pretensión que no fue aceptada.
El entendimiento establece además que el Estado Nacional y la empresa, incluidos sus accionistas, no tendrán reclamos mutuos por conceptos anteriores al Acta Acuerdo ni por las consecuencias de los perjuicios ocasionados a partir de la pandemia, salvo una excepción prevista para determinadas revisiones de inversiones de períodos anteriores.
AA2000 deberá, asimismo, poner fin a la demanda judicial iniciada en 2023 por la distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato y desistir del derecho invocado, como parte del cierre de las controversias entre las partes.
