7 enero, 2021
La perspectiva crediticia para las Provincias «es negativa» en 2021 debido a una liquidez limitada y continuas dificultades del entorno operativo, advirtió la calificadora estadounidense Moody´s Investors Service.
Entre los factores que determinan la perspectiva negativa, la calificadora señaló que existen limitaciones estructurales de crecimiento y problemas macroeconómicos continuos, como inflación muy alta y presiones cambiarias.
También el análisis hizo hincapié en los requerimientos de gasto elevados; el acceso muy limitado a los mercados de crédito internacional; y el historial de intervención del Gobierno federal y cambios repentinos en las políticas públicas.
La recaudación de impuestos provinciales se recuperará en 2021, debido al repunte de la actividad económica tras una fuerte caída en 2020.
Tras el shock del coronavirus, Moody´s espera un aumento del Producto Bruto Interno del país del 5,2% en 2021, gracias al efecto base favorable (dado que el piso de comparación será muy bajo).
Sin embargo, es probable que el crecimiento a largo plazo se mantenga por debajo del 2% debido a limitaciones estructurales, en particular, a los bajos niveles de inversión, dice el informe de la agencia.
Asimismo, el análisis dice que el financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central (alrededor de 6% del PBI), que condujo a un aumento de la emisión monetaria, está generando presiones adicionales sobre el tipo de cambio.
«La devaluación incrementa también el riesgo de mayor inflación, un ciclo de devaluación-inflación», agrega el documento difundido este jueves por la calificadora.
Y, en ese escenario, la rigidez del gasto público en bienestar social y salarios, junto con mayores demandas sociales y una elevada inflación, «seguirá presionando la liquidez y dificultando la administración del capital de trabajo».
En Buenos Aires la situación de la deuda provincial sigue latente. Mientras que la Provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof extendió por decimoprimera vez su canje de deuda, un grupo de bonistas comenzaron una demanda en los tribunales de Nueva York contra Entre Ríos por haber dejado de pagar sus bonos. Esa movida, para las ocho provincias que aún siguen negociando con los acreedores, es un llamado de atención. ¿Se viene una ola de juicios en tribunales internacionales?
Por lo pronto, el caso de Entre Ríos es el que más tensión sumó en las últimas horas. Un total de 21 fondos presentaron una demanda judicial contra la provincia por deuda en default. Según Sebastián Maril, de Research For Traders, reclaman u$s12 millones en intereses atrasados pero se guardan el derecho de reclamar hasta la totalidad de sus tenencias que sumarían u$s270 millones. «Los acreedores argumentan falta de compromiso para negociar», dice Maril.
En el plano subsoberano, cuatro provincias ya han cerrado sus canjes: Mendoza, Neuquén, Chaco y Río Negro. Chubut oficializó su reestructuración casi al cierre de año, mientras que hay otras 4 provincias que mantienen el estatus de ‘default’.
Por otro lado, y sin modificaciones a su última oferta, la Provincia de Buenos Aires extendió el canje. La nueva fecha es el 29 de enero, misma fecha de vencimiento de la nueva Oferta de la Provincia de Córdoba.
La demora por llegar a un entendimiento con los bonistas alerta a los inversores en el sentido de que creen que la administración de Axel Kicillof no actúa de buena fe para levantar el default de la deuda. La PBA lleva varios meses sin solucionar el problema de su deuda por un monto total de u$s7.100 millones.
La propuesta original de la Provincia incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la idea de reducir en u$s5.000 millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.
A finales de noviembre pasado, la Coalición de Tenedores de Bonos Provinciales Argentinos (la «CAPB»), que estaba formada por un grupo de administradores de activos internacionales con más de u$s3.000 millones en bonos emitidos por provincias argentinas, publicó un comunicado de «Principios Básicos» que deben regir cualquier reestructuración de la deuda provincial argentina.
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