13 noviembre, 2021
Se trata del informe con el que Marcó del Pont basó su denuncia contra la gestión de Macri por «hostigamiento fiscal» a la vicepresidenta y sus hijos, a Cristóbal López, a Báez y a Echegaray
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia que Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos habían sido víctimas de «hostigamiento fiscal» durante la gestión de Cambiemos. Ahora, uno de los acusados pasó al ataque: afirmó que la AFIP basó su denuncia en una auditoría adulterada, al punto de que quienes la desarrollaron se negaron a firmarla y por eso fueron desplazados de sus cargos. Eso, sostuvo, buscaba dos fines: victimizar a los Kirchner y ayudarlos a no pagar sus deudas tributarias.
La acusación fue presentada por Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Expuso que las conclusiones de la auditoría interna OPI 16/20 y del informe confidencial de auditoría interna OCV 11/2020 que refrendó Mercedes Marcó del Pont «son bien distintas a las que realmente arribaron los funcionarios que llevaron a cabo las tareas de campo».
«Por esa razón, no firmaron el informe final de la OCV 11-2020 del jueves 25 de junio de 2020. Las conclusiones fueron previamente ?ajustadas? por la subdirectora general de Auditoría Interna, Gabriela Camiletti», denunció. «Y como consecuencia de ellos se quitó de los cargos a quienes habían realizado la tarea, bajándoseles incluso la remuneración en diciembre de 2020 por no haber firmado las conclusiones ?modificadas?», agregó.
De verificarse en sede judicial, las afirmaciones de Mecikovsky conllevarían múltiples consecuencias. Por un lado, derrumbarían la versión de los Kirchner, que se presentan como víctimas de una persecución o «lawfare fiscal». Y colocaría en el banquillo de los acusados a Marcó del Pont y sus colaboradores, que también invocaron la supuesta persecución contra los Kirchner al retirarse de la querella en el juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa, empresarios sobre los que también retiraron el reclamo civil.
«La matriz de los hechos acon- tecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tiene un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos», planteó la AFIP al explicar su retirada del juicio oral. La definió como «una decisión de responsabilidad institucional, al no legitimar la persecución, el hostigamiento y las arbitrariedades acontecidas durante el gobierno anterior».
En la misma línea, la presentación que refrendó Marcó del Pont sostuvo que «la entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado».
Ahora, sin embargo, Mecikovsky pidió que la Justicia cite a declarar como testigos a cuatro funcionarios de la AFIP que desarrollaron la auditoría, en tanto que pidió en un segundo escrito que se rechace el intento del ente recaudador de ser tomado como querellante en la causa por presunto hostigamiento: consideró que los mismos funcionarios que se presentarían como querellantes podrían terminar como acusados si se corrobora que se manipularon las auditorías.
En esa línea, Mecikovsky detalló que la AFIP incumplió con su manual de auditoría interna, no se dejó constancia de que la jefa máxima del área milita en La Cámpora, y que se consultó sobre los supuestos hallazgos a la excuñada de Máximo Kirchner Virginia García.
«Entiendo que se debería dejar explicitado tal y como se hace cuando a un testigo se lo interroga sobre las «Generales de la ley», afirmó. Es decir, si es familiar, amigo, socio y otras posibles vinculaciones.
Exsubdirector general de Operaciones Impositivas del Interior durante la gestión de Abad, Mecikovsky sostuvo que toda la acusación por presunto «hostigamiento fiscal» buscaría en realidad «hacer desestimar los títulos ejecutivos de deuda tributaria» de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.
En esa línea, planteó que el incumplimiento de las obligaciones fiscales de los Kirchner no surgió de una investigación propia de la AFIP, sino «del análisis tributario ordenado por la Justicia Federal», en Río Gallegos.
También señaló que la afirmación de que la investigación fue clandestina porque no la notificaron también se caería. Explicó que la exigencia legal de notificar la «orden de intervención» comenzó a regir mucho después de iniciada la investigación judicial en Río Gallegos.
Rigió a partir de diciembre de 2017, con la reforma de la ley de procedimiento tributario. Es decir, que les reprochó a los funcionarios de la AFIP algo que por ley no era exigible cuando ocurrió.
