15 noviembre, 2022
Comenzaron a citar a los padres denunciantes y los menores, para ser entrevistados por psicólogos del Cuerpo Interdisciplinario Forense y definir si están en condiciones de dar su testimonio en Cámara Gesell, según afirma el MPF de en Comodoro. El sindicado como abusador se habría presentado ante las justicia con su abogado voluntariamente el mismo día de las acusaciones públicas, según afirmó el ministro Castro por declaraciones a LU20.
Abusos en el Jardín 406: la Fiscalía activó declaraciones y el maestro se habría «presentado voluntariamente», dijo Castro
Desde la jefatura del Ministerio Público Fiscal de Comodoro se confirmó que la fiscal a cargo de las investigaciones por las decenas de denuncias de abusos sexuales en el Jardín Nº 406 «Peumayen», María Laura Blanco, ´»está avanzando en las investigaciones (sic)».
«Se han cursado citaciones a padres y menores a los efectos de convocarlos para entrevistarse con psicólogos en el Cuerpo Interdisciplinario Forense y así evaluar si los menores están en condiciones de realizar su testimonio en Cámara Gesell. Asimismo, se continúa analizando las distintas denuncias en pos del esclarecimiento de los hechos», explica el escueto comunicado.
Tras la escala de furia de familiares y vecinos los últimos días, provocado fundamentalmente por «la inacción judicial» según fuentes directas de los damnificados, tanto el poder Ejecutivo a través de sus declaraciones para llevar calma y garantizar la contención psicológica, como la Policía del Chubut con presuntas intervenciones para certificar el paradero del acusado, como la Justicia con su lento pero supuestamente activo procedimiento, estarían tratando de encauzar una gravísima situación, cuya responsabilidad última recae sobre el estado por tratarse de una escuela pública, nada menos que de nivel inicial. La extrema vulnerabilidad con presunto abuso a menores de 3 a 5 años y donde se reportan más de 120 casos bajo sospecha, con más de 40 denuncias concretas interpuesta por los padres resulta un hecho de una magnitud poca veces vivida en Chubut.
Más allá de la ‘delicadeza’ que implica el procedimiento, un argumento que esgrimen desde todos los estamentos, es por lo menos sintomático el cuidado que se ha tenido con el sindicado. «Varios padres creen que esta persona ya escapó», afirmó una mujer que prefirió mantener en reserva su identidad por estar vinculada a estructuras oficiales.
En realidad, esta percepción de ‘pseudo protección’ sobre el abusador se traduciría en una auto cuidado de parte del Estado, ya que si se comprueba parte de toda esta terrible historia, toda la línea de responsabilidades recaerá no solo sobre directivos escolares, sino del propio ministerio de Educación y finalmente del Gobierno Provincial como garante civil y penal de las acciones que de alli puedan derivar. No es extraño entonces el sigilo con el que se aborda el caso, donde la principal garantía judicial debería recaer sobre las víctimas, precisamente demorando al presunto victimario hasta que avance la investigación y se esclarezca el caso.
El ministro de Seguridad Miguel Castro relativizó la situación y volvió a mostrarse extremadamente garantista mas allá de «entender a los padres» en declaraciones a una radio del Valle. El dato nuevo que aportó como al pasar fue que «el maestro se presentó espontaneamente con su abogado ante la Justicia», tal su afirmación a LU20 RCH.
Hasta ahora en ninguna circuntancia, ni la Justicia ni otro funcionario había dado cuenta de la aparición de José Rupallán, el maestro de música acusado por los presuntos abusos detectados por padres de pequeños que asistían al Jardín 406. Incluso porque autoridades policiales contradictoriamente reconocieron casi a la misma hora en Radio Visión que habían concurrido a varios domicilios donde se decía que estaba el maestro por señalaiento de vecinos, y no lo habían encontrado, dando por negativo el operativo. El propio conductor advirtió que se sorprendía del trabajo porlicial, habida cuenta que no existía pedido de intervención judicial.
Todo estos datos pusieron en alerta por las contradicciones que evidencia, donde por un lado el Ministro de Seguridad afirma que el presunta abusador «se encuentra a Derecho(sic)» y por otro lado los uniformados que el mismo dirige lo habrían estado buscando con intervenciones domiciliarias.
Para sumar detalles de la enrarecida situación, varios referentes de peso de la ciudad petrolera como el senador y exintendente, Carlos Linares insitieron en la necesidad de ‘dejar trabajar a la Justicia’, tratando de aplacar los ya caldeados ánimos sociales ante los corte de rutas que se implementaron como «modo de protesta más efectiva para que actúen», dijo un padre.
No falta el tratamiento deplorable de algunos medios de comunicación tanto los que fogonean la confrontación social y reditúan del morbo que provoca un caso extremadamente sensible por tratarse de menores y delitos contra la integridad sexual, como los que relativizan la gravedad de las denuncias y hasta hablan de ‘infiltrados’ en los cortes de rutas y protestas que buscaron visibilizar los casos de los niños violentados.
El escenario, con este horroroso hecho como disparador, resulta sin dudas todo un emergente de la crisis educativa y el manejo público sobre una cuestión tan delicada como es la formación educativa y la protección de derechos, un tema sobre los que abundan eventos, participaciones y viáticos, pero escasea el sentido común, pragmatismo y sobre todo resultados. Para seguir de cerca.
