13 noviembre, 2025
La compañía española a través de Pesquera Deseado S.A.U. intimó al Gobierno de Chubut por la “entrega de posesión de embarcaciones arrendadas” y reclamó “información sobre ratificación legislativa”.
Este jueves se cumplieron 43 días desde que el Grupo Profand tomó el control de la planta de la ex Alpesca en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, Argentina.
La firma representada por el Estudio Jurídico González Lernoud, Iglesias & Pedotti envió una misiva al Secretario de Pesca de Chubut, Dr. Andrés Arbeletche, y al Comité de Administración de Alpesca que dirige el cabo primero de policía, Matías Eduardo Miranda, donde le plantean en el marco del “Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra” suscripto con fecha 30 de septiembre de 2025, “a fin de intimar formalmente la entrega de posesión inmediata de los buques y demás activos comprendidos en el mencionado contrato”, expresaron los representantes locales Profand, tal lo reportado por el sitio especializado Parte de Pesca.
La intimación es una advertencia hecha a una persona física o jurídica sobre un incumplimiento de legalidad, fijándose un plazo para la regularización con la indicación de qué consecuencias acarrearía en caso contrario; aunque en este caso no se fijó, llamativamente, plazo alguno.
Profand le advierte al Gobierno que “el contrato de arrendamiento con opción establece de manera clara y vinculante que la empresa debe recibir la posesión pacífica, efectiva y libre de ocupantes de los activos integrantes del patrimonio de la ex Alpesca S.A., incluyéndose, expresamente, los buques BP Promarsa I, III y Cabo Vírgenes, con sus permisos de pesca y cuotas correspondientes, además de los demás (SIC) permisos de permisos de pesca y cuotas allí detallados”, indica el escrito.
Y agrega: “Bien sabrán comprender que el retraso en la formalización de la entrega de estos activos impacta directamente en la operatividad y sostenibilidad económica de la unidad de negocio, generando un escenario altamente dificultoso que compromete la continuidad productiva, afectando la viabilidad del contrato en sí, y poniendo en serio riesgo la posibilidad de cumplimentar las obligaciones por esta parte asumidas en el contrato”, advierte en forma categórica y contundente la filial en Argentina del Grupo Profand.
Finalmente, le dicen al gobierno de Ignacio Torres, pero en una nota dirigida a Arbeletche y Miranda que “exhortamos se nos informe de manera inmediata y detallada el estado del trámite vinculado con la ratificación legislativa del acuerdo, incluyendo plazos, gestiones realizadas, eventuales observaciones y pasos pendientes de aprobación”, cierran sin decir qué ocurriría si no cumplen.
A la par del ida y vuelta de las intervenciones formales y no formales del Gobierno, de las demandas y acusaciones cruzadas con la exconsecionaria y la complejidad de situación en la que se sumó la actual, con el agravante de que la casa matriz estadounidense habría accionado contra la empresa española por deslealtad comercial, espionaje y otras yerbas, lo que empujaría a Profand a salirse de la negociación de manera inmediata, hay un enorme conflicto sin resolver del que no se ocupa nadie desde hace años. Cuando Alpesca fue expropiada, cientos de familias quedaron a la deriva y más de una década después, una parte de esa historia sigue abierta en los tribunales laborales.
Son cerca de 50 trabajadores que reclaman a la exconsecionaria el pago de salarios e indemnizaciones que nunca llegaron.
Ahora ese conflicto vuelve a aparecer en el centro de la escena tras la decisión del Gobierno de Chubut de finalizar el contrato con Red Chamber que explotaba los bienes y permisos pesqueros de la ex Alpesca, y la entrada en escena de la española Profand, que ya estaría evaluando seriamente la retirada definitiva.
