Otro juicio para Lázaro Báez por evasión multimillonaria vinculada a la obra pública en Chaco
Investigan cómo ganó contratos en la provincia; el empresario y su entorno están embargados por $52 millones
Por Hugo Alconada Mon
Lázaro Báez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Pero no será en la ciudad de Buenos Aires, sino en la capital chaqueña. El Tribunal Oral Federal con asiento en Resistencia lo juzgará por la presunta evasión agravada de decenas de millones de pesos provenientes de contratos de obra pública.
La acusación se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, con la que Báez ganó contratos en Chaco, y que podría configurar el “delito precedente” para la condena que el presunto testaferro de la familia Kirchner ya arrastra por lavado de activos.
Con el impulso del fiscal federal Patricio Sabadini, el reloj comenzó a correr para los acusados, aunque el tribunal oral todavía no fijó una fecha tentativa de inicio del juicio con Báez como supuesto coautor de una evasión agravada por el uso de documentos apócrifos, en concurso real con una evasión agravada por el monto.
Para Báez y sus lugartenientes Mendoza y Bustos, la pesquisa en Chaco representó uno de los vértices judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y que podrían sustentar el “delito precedente” para su condena por lavado. Pero uno de esos tres ejes ya quedó atrás y el otro avanza a paso cansino.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado nacional por más de $673 millones y dictó embargos por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad le quitó a Báez esa acusación de encima, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus acólitos ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires.
El juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, en tanto, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $ 70 millones a través de Austral Construcciones, decisión que confirmó la Cámara de Apelaciones apenas tres meses después. Pero el expediente aún no llegó a la instancia oral, según verificó LA NACION. Resta que la Cámara revise los procesamientos de los acusados por otro impuesto, más un planteo de litispendencia que ya rechazó López Biscayart en primera instancia.
Chaco, la más avanzada
A diferencia de lo ocurrido en Bahía Blanca y Buenos Aires, el expediente que tramita ante la Justicia federal en Chaco es el más avanzado. Comenzó con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, en la que el ex senador Fabio Biancalani sigue como accionista minoritario.
El juez federal subrogante, Enrique Bosch, procesó a Báez y los demás acusados en septiembre de 2020. Evaluó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Esas facturaciones, completó Bosch, “sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.
Ocho meses después, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos. “Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, remarcaron los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias
Para Báez, qué ocurra en Chaco resultará determinante. Entre otros motivos, porque el tribunal oral con sede en Buenos Aires que en febrero de 2020 lo condenó a 12 años de prisión por lavado junto a Mendoza (6 años) y Bustos (4 años y 6 meses), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas provenientes de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, aludió repetidas veces a lo ocurrido en Chaco, Buenos Aires y Bahía Blanca.
