Las principales diferencias que traban el acuerdo en el Congreso están centradas en la obra pública, la reducción de impuestos y el financiamiento universitario.
La Libertad Avanza (LLA) debió postergar la firma del dictamen de mayoría del Presupuesto 2027 ante la falta de acuerdo con los bloques dialoguistas, debido a que se mantienen discrepancias profundas sobre puntos centrales de la iniciativa clave del Gobierno nacional.
A pesar de las sucesivas reuniones entre la bancada oficialista y representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal, el oficialismo aún no consiguió blindar los votos necesarios para cerrar el despacho en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Con este panorama, la definición podría demorarse hasta el 11 o el 17 de noviembre, mientras que el debate en el recinto quedaría previsto para el 18 o el 25 de ese mes. Si el tratamiento legislativo se estira hasta el tramo final de noviembre, el Poder Ejecutivo se verá obligado a convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con la denominada «ley de leyes».
Los reclamos de los bloques aliados
Los legisladores dialoguistas pusieron sobre la mesa una serie de demandas orientadas a aliviar la carga impositiva sobre los consumidores y garantizar la continuidad de la obra pública. Entre los principales reclamos figuran:
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Reducción de impuestos: Solicitan bajar el impuesto a los combustibles y reducir al 10,5% (desde el 21%) el IVA para los huevos y sus derivados.
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Obra pública y asignaciones: Exigen un mecanismo que garantice los plazos y las actualizaciones tarifarias en las rutas nacionales, además de mantener la actualización de las asignaciones sociales.
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Fondos para la Ciudad: El PRO sumó al debate el reclamo por los fondos de coparticipación de la CABA, un tema que el oficialismo confía en resolver mediante negociaciones directas entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
En el plano social, el oficialismo y sus aliados acordaron eliminar cuatro artículos del proyecto vinculados al área de discapacidad y evalúan reforzar las partidas para cumplir con la ley aprobada en Diputados y pendiente en el Senado.
En tanto, el financiamiento de las universidades nacionales continúa como uno de los puntos más ríspidos: mientras el proyecto destina $7,3 billones, los rectores reclaman llevar los recursos a $11 billones.
El «poroteo» en el Congreso
Para habilitar el debate y alcanzar el quórum, LLA cuenta con 95 diputados propios y necesita reunir a 129 legisladores presentes.
Para construir esa mayoría, el oficialismo apunta a sumar los respaldos de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires (22 votos en conjunto), los 9 integrantes de Argentina Federal, 2 de Producción y Trabajo y unos 10 representantes de Provincias Unidas. De cerrarse este esquema, el Gobierno alcanzaría una base de unos 138 votos, aunque el resultado final dependerá de la letra chica de las negociaciones.
Proyecciones macroeconómicas para 2027
El proyecto del Ejecutivo contempla gastos totales consolidados por $216 billones (un incremento del 25,3%) y recursos estimados en $219,3 billones (una suba del 26,2%).
En cuanto a las principales variables macroeconómicas, se proyecta:
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Inflación: 21,3% anual.
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Tipo de cambio: Un dólar estimado en $1.847 hacia fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.
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Consumo: Se prevé una expansión del 3,4% en el consumo privado y del 0,6% en el público.
Jubilaciones y gasto social
El presupuesto destina $102 billones para el pago de prestaciones previsionales. Esto incluye $3,9 billones para el pago de bonos, manteniendo sin aumentos nominales el refuerzo de $70.000 para jubilados durante 2027. Por su parte, los haberes regulares registrarían un incremento real interanual del 5,7%, mientras que la cantidad de titulares pasaría de 9,20 millones a 9,12 millones.
En cuanto a las asignaciones familiares, el gasto proyectado es de $14,4 billones (con un alza real del 2,5%), y las transferencias a otros programas sociales llegarán a $9,1 billones, experimentando un incremento real del 37,1% respecto al cierre de 2026
Si el tratamiento se posterga hasta el 25 de noviembre, el Gobierno deberá convocar sesiones extraordinarias para avanzar con la denominada ley de leyes.
Los reclamos de los aliados
Los bloques dialoguistas presentaron una serie de pedidos que buscan aliviar la carga sobre consumidores y garantizar continuidad en obras. Entre las principales demandas se encuentran:
La reducción del impuesto a los combustibles.
La baja del IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%.
Un mecanismo que garantice los plazos y las tarifas de las obras públicas en rutas nacionales.
También reclaman mantener la actualización de las asignaciones sociales.
El PRO sumó al reclamo la cuestión de los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, asunto que el oficialismo considera podrá resolverse mediante negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
En materia de discapacidad, el oficialismo y sus aliados acordaron eliminar cuatro artículos del proyecto presupuestario vinculados con el área. Además, analizarán si corresponde reforzar las partidas para cumplir con la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de tratamiento en el Senado.
Otro punto sin resolver es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones.
Poroteo
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del proyecto.
Para construir una mayoría, el oficialismo busca sumar el respaldo de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían en conjunto 22 votos; los 9 integrantes de Argentina Federal; 2 de Producción y Trabajo; y alrededor de 10 representantes de Provincias Unidas.
Con esos apoyos, el Gobierno podría alcanzar una base de aproximadamente 138 votos entre legisladores propios y aliados, aunque el resultado dependerá de las negociaciones y de la posición definitiva de cada bloque.
Gastos, ingresos e inflación: las proyecciones para 2027
El proyecto de Presupuesto para 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, principalmente provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.
En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.
Respecto de la composición del gasto, el gasto en servicios sociales ascendería a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.
El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.
En conjunto, las cifras muestran una apuesta del Ejecutivo por un aumento de los recursos que permita cubrir el crecimiento del gasto, manteniendo un esquema de política fiscal que incorpora previsiones de inflación y tipo de cambio relativamente altas.
La diferencia entre recursos y gastos consolidados sugiere margen para la atención de la deuda y el financiamiento de políticas sociales, aunque la evolución real dependerá de la ejecución presupuestaria y del desempeño de la economía frente a las proyecciones.
Jubilaciones y prestaciones sociales
El proyecto de Presupuesto 2027 destina $102 billones al pago de prestaciones previsionales. Dentro de ese total, se contemplan $3,9 billones para el pago de bonos, una cifra prácticamente equivalente a la estimada para 2026.
La previsión mantiene durante 2027 el bono de $70.000 para jubilados, sin aumentos nominales previstos en el proyecto.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los $98,1 billones restantes corresponden a los haberes regulares, que registrarían un incremento real interanual del 5,7% frente a la proyección de cierre de 2026.
La cantidad de jubilados, pensionados y retirados pasaría de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, lo que implica una reducción estimada de aproximadamente 79.000 titulares.
El gasto en asignaciones familiares alcanzaría los $14,4 billones, con un aumento real del 2,5%. El promedio mensual de asignaciones familiares por hijo subiría de 4,33 millones a 4,35 millones.
Las transferencias destinadas a otros programas sociales llegarían a $9,1 billones, con un incremento real interanual proyectado del 37,1% respecto del cierre estimado para 2026.
El financiamiento universitario, las prestaciones sociales y los reclamos de los bloques aliados seguirán en el centro de las negociaciones, en un escenario en el que el oficialismo busca asegurar los respaldos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027.
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