Trelew necesita trabajo, movimiento económico y respuestas frente a la inseguridad. Estas son las principales preocupaciones de la sociedad y deberían ser las prioridades capaces de ordenar la agenda de su Concejo Deliberante.
Por Pablo Das Neves*
Sin embargo, cuando se intenta reconstruir qué ordenanzas propias produjeron sus integrantes para atenderlas, el balance verificable resulta muy pobre.
El problema aparece al pasar de las declaraciones políticas a los expedientes. El trabajo real brilla por su ausencia. Qué presentó cada concejal, qué consiguió aprobar y qué herramienta concreta dejó disponible para la ciudad. Ese examen ofrece bastante menos para mostrar de lo que debería exigir una rendición de cuentas seria.
El relevamiento de 196 publicaciones institucionales, el Digesto y crónicas periodísticas permitió localizar solo 16 registros de iniciativas atribuidas a concejales o bloques.
Se documentó la aprobación de nueve; y en siete no se encontró el desenlace. Es un inventario parcial, no el total del mandato. El Concejo también tiene una deuda pendiente en lo relacionado a la transparencia y comunicación de su gestión parlamentaria.
Pero incluso dentro de ese registro reducido, dos aprobaciones corresponden principalmente a reconocimientos: el homenaje a Damián Otero y el registro de ciudadanos ilustres.
Esas distinciones pueden tener valor. Nadie lo niega. Lo que distorsiona el balance es contabilizarlas con el mismo peso político que una ordenanza destinada a facilitar una actividad productiva, mejorar condiciones laborales o fortalecer la prevención del delito. La cantidad de expedientes, sin mirar su contenido y aun siendo pobre, puede terminar escondiendo la falta de respuestas a los problemas centrales y reales.
En empleo, las aprobaciones identificadas en el inventario se concentran en dos intervenciones: la regulación del delivery, atribuida a Martín Luna, y la iniciativa sobre determinadas sumas no remunerativas, atribuida a Juan Aguilar y convertida en la Ordenanza 14206/26. La primera ordena una actividad existente; la segunda aborda condiciones de remuneración en el empleo público. Son aportes concretos, pero su alcance no equivale a una política amplia de generación de trabajo privado.
El registro reconstruido muestra intervenciones puntuales sobre el mundo laboral. No permite acreditar una agenda sostenida de ordenanzas propias aprobadas para ampliar oportunidades de empleo. Tampoco ofrece una evaluación que permita asociar esas normas con nuevas contrataciones. Esa diferencia debería estar presente cada vez que se hace un balance legislativo.
En actividad económica aparecen tres herramientas aprobadas: la generación distribuida de energía, elaborada por Claudia Solís; la regulación de barrios cerrados, promovida por Claudia Monají; y el financiamiento de ExpresArte mediante entradas, impulsado por Leonardo Ferrelli. Son cambios con utilidad potencial para usuarios, desarrolladores y trabajadores de la cultura. Sus alcances son distintos y merecen ser reconocidos sin exagerarlos.
Lo que no se encontró fue una medición de inversión movilizada, ahorro efectivo o ingresos generados a partir de esas normas. Una ordenanza puede ser un primer paso valioso. Para convertirla en una respuesta económica demostrable hacen falta aplicación, seguimiento y resultados. Como dijimos, la deuda en transparencia y comunicación se deja ver. La responsabilidad del Concejo incluye pedir esa información y ponerla a disposición de los vecinos.
En seguridad ciudadana, el panorama del inventario también es muy limitado. El bloque Somos Trelew presentó una propuesta, explicada por Aguilar, para incorporar cámaras privadas a la videovigilancia con una compensación tributaria. No se pudo acreditar su aprobación. Sí se documentó la adhesión a la Señal Internacional de Auxilio, presentada conjuntamente por Belén Baskovc y Ferrelli, orientada a la detección de situaciones de violencia y trata.
Son dos intervenciones específicas, con distinto estado de trámite y alcance real. Lo localizado no alcanza para exhibir un conjunto amplio de reformas municipales de prevención del delito. La seguridad no se agota en las atribuciones del Concejo, esta claro, pero esa limitación tampoco vuelve irrelevante su trabajo sobre las herramientas locales.
Otras iniciativas muestran agendas diferentes de lo que reclama la sociedad: Asciutto aparece vinculado a una propuesta sobre paseos de perros; y el bloque de Severich, a pictogramas en espacios municipales. No se localizó la aprobación de esos proyectos.
Podemos conceder que esos asuntos tienen algun viso de legitimidad. La pregunta política es cuánto trabajo legislativo propio se puede mostrar, además, sobre los tres problemas que más requieren atención en Trelew. Con la información reconstruida, la respuesta sigue siendo insuficiente para sostener un balance robusto. No corresponde atribuir a un concejal los proyectos enviados por el Ejecutivo sólo porque los defendió o votó.
La discusión sobre oficialistas y opositores debería incorporar esta exigencia. Acompañar a Merino, rechazarlo o diferenciarse en una sesión no reemplaza la obligación de construir propuestas propias. Una banca tiene que poder mostrar qué problema abordó, qué solución propuso y hasta dónde consiguió llevarla.
Trelew necesita que empleo, actividad económica y seguridad se conviertan en una agenda legislativa reconocible, con responsables, normas y seguimiento público. Mientras la producción verificable siga ofreciendo respuestas tan puntuales, el Concejo tendrá una deuda que los discursos y los reconocimientos no pueden saldar.
*Abogado, licenciado en Finanzas, analista político-económico
