Andrés Ernesto Huilipan fue condenado a 14 años de prisión de efectivo cumplimiento por el homicidio de Gilberto Segundo Pizarro, como resultado de un juicio por jurados. La pena se dio a conocer hoy durante la audiencia de cesura, luego de que el jurado emitiera un veredicto unánime de culpabilidad.
Según la reconstrucción de la fiscalía, el asesinato ocurrió cerca de las 19.50, cuando Huilipán llegó a la casa de Pizarro y le pidió un plato de comida. Ante la negativa, agarró un tubo de caño de gas amarillo y comenzó a golpearlo en la cabeza. Las lesiones le provocaron un traumatismo encefálico grave, con fractura y hundimiento de cráneo.
Pizarro con un caño de gas y provocarle graves heridas en la cabeza, quien permaneció alrededor de 90 días con las consecuencias del ataque y falleció el 15 de diciembre de 2025. Durante la audiencia de cesura, la Fiscalía valoró la violencia de la agresión, el lugar donde ocurrió, las amenazas previas y la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien tenía una discapacidad.
En esa audiencia, la abogada de Fiscalía Camila Nardelli solicitó que Huilipan continúe en prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza. Fundó el pedido en la gravedad del hecho y en la pena impuesta, conforme al artículo 221, inciso 2, del Código Procesal Penal. También invocó el inciso 6 de ese artículo, que contempla la existencia de una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo, aunque se encuentre recurrida.
El hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2025, en la vivienda de Pizarro, en el barrio El Túnel de Gaiman. De acuerdo con lo probado durante el juicio, Huilipan lo agredió con un caño de gas y le provocó lesiones de extrema gravedad. Pizarro falleció el 15 de diciembre de ese año, luego de permanecer alrededor de 90 días con las consecuencias del ataque.
Durante la audiencia de cesura, el fiscal general Mauro Quinteros solicitó una pena de 17 años de prisión. Por su parte, el defensor público Sergio Rey pidió 8 años. Para fundamentar su pedido, la Fiscalía valoró la violencia y la modalidad de la agresión, el uso de un caño contra la cabeza de la víctima y que el ataque ocurrió en su propia vivienda, el lugar donde debía poder sentirse seguro. También tuvo en cuenta las amenazas previas, la vulnerabilidad de Pizarro —quien tenía una discapacidad—, que Huilipan se retiró sin asistirlo, el impacto del hecho en su familia y una condena anterior de cumplimiento efectivo.
Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Mauro Quinteros, la abogada de Fiscalía Camila Nardelli y Ángelo Burgos. La defensa pública estuvo a cargo de Romina Rowlands y Sergio Rey.
