Fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar argentina y, como sobreviviente del denominado “circuito Camps”, brindó su testimonio en varias oportunidades en procesos judiciales.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires incrementó el monto de la recompensa para quien aporte información relevante sobre el paradero de Jorge Julio López en el día en el que se cumplen 20 años de su desaparición.
A través del Ministerio de Seguridad provincial, se determinó incrementar el monto de la recompensa ofrecida de $5 millones a $10 millones, para toda persona que aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López, quien actualmente tendría 96 años y fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, cuando salía de su vivienda en la localidad de Los Hornos, en La Plata.
En el caso interviene la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008) y la causa está caratulada como “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas”.
El hombre fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar argentina y, como sobreviviente del denominado “circuito Camps”, brindó su testimonio en varias oportunidades en procesos judiciales.
El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por los militares y durante los años siguientes pasó por varios centros clandestinos del circuito represivo en La Plata hasta que recién fue liberado en 1979.
Tras la reapertura de los juicios, su testimonio fue fundamental para señalar al ex comisario Miguel Etchecolatz como su torturador y responsable de crímenes de lesa humanidad.
El 18 de septiembre de 2006, mismo día en que se realizaban los alegatos y la lectura del veredicto que condenó a prisión perpetua a Etchecolatz, López desapareció y desde ese día no se logró esclarecer su paradero ni dar con los responsables de su desaparición forzada.
El vínculo con Chubut
Uno de los «torturados» denunciado por Julio López en su testimonio antes desaparecer nuevamente, sindicó a tres personas: «Urcola, Aguiar y Garachico». Este último se desempeñaba en 2006 como gerente del Casino Punto y Banca en Puerto Madryn, puso su renuncia en el momento de ser nombrado y permaneció prófugo.
Había sido oficial principal de seguridad y jefe de calle de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Unidad Regional La Plata) durante los años 70.
Pasó varios años en el anonimato y luego bajo prisión preventiva efectiva y tras su primera condena en 2014 («Causa La Cacha») continuó en cárcel común.
En 2017 se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria luego que el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata le concedió el traslado a su domicilio en Mar del Plata antes del inicio de nuevos debates.
En abril de 2018, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este incidente de prisión domiciliaria frente a las apelaciones.
En 2022, durante el juicio por la causa «Pozo de Arana» recibió su segunda prisión perpetua: Tanto los organismos de derechos humanos como la fiscalía exigieron formalmente la revocación del beneficio para que fuera enviado a una cárcel común. Sin embargo, al dictar la sentencia el 13 de mayo de 2022, el tribunal decidió mantener su prisión domiciliaria, decisión que generó un fuerte repudio de los sobrevivientes y familiares de las víctimas aniquiladas en La Plata.
*NA/ RP
