Organizaciones ambientales denunciaron que la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados sesionó una sola vez en el año. Exigen al legislador nacional, César Treffinger, que habilite el tratamiento urgente de un proyecto para abrir los antecedentes de la flota comercial y terminar con el secreto corporativo.
La falta de avances legislativos en materia de protección oceánica desató un fuerte reclamo hacia la figura de César Treffinger. Las organizaciones Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde apuntaron públicamente contra el legislador nacional de La Libertad Avanza por Chubut, exigiéndole que reactive la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios que él mismo preside en la Cámara Baja del Congreso.
El reclamo central de las entidades conservacionistas radica en la inactividad de un espacio que resulta vital para garantizar la transparencia del sector pesquero argentino. Entre las iniciativas que permanecen estancadas y sin dictamen figura el proyecto impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro para crear un registro público de embarcaciones y permisos de pesca, una herramienta fundamental para que la ciudadanía y los organismos de control puedan conocer de una vez por todas quiénes operan en el mar, bajo qué normativas y en qué condiciones.
Un año perdido para el debate ambiental
La directora política del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, advirtió que desde su conformación este espacio estratégico «solo sesionó una vez» y limitó su actividad exclusivamente a la designación de autoridades. La referente lamentó la parálisis legislativa y remarcó que desde entonces no se abordó ninguna propuesta en el único ámbito institucional donde las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de participar e involucrarse de forma directa.
Por su parte, el coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, apuntó de lleno contra el accionar del representante provincial y su falta de respuestas. El dirigente ambiental recordó que Treffinger percibe mensualmente su dieta como diputado nacional y remarcó que tiene «la responsabilidad de conducir una comisión que a un año de su conformación no avanzó en el tratamiento de un solo proyecto».
En la misma línea, Coustet aseguró que la falta de tratamiento de estas iniciativas no representa un dato menor, ya que sin el acceso a la información pública, la trazabilidad y el control de las flotas resulta «mucho más difícil garantizar transparencia en la actividad pesquera argentina».
El derecho a saber quién explota los recursos
La creación de un registro público resulta imperativa para evaluar si un operador actúa dentro del marco legal y de forma verdaderamente sostenible. Este nivel de acceso a los datos permite verificar si un buque está autorizado a trabajar en determinada zona, si cuenta con permisos para las especies o el arte de captura que utiliza, si respeta sus cuotas asignadas y cuáles son sus antecedentes ambientales al momento de definir la renovación de su acceso a los caladeros patagónicos.
Para dimensionar el enorme atraso que sufre el país en esta materia, Bilbao explicó que toda esta información resulta pública y accesible en los distintos países de la región que cuentan con flotas industriales. Sin embargo, la especialista denunció que en Argentina la autoridad pesquera «se niega a publicarla», motivo por el cual promueven que se trate de forma urgente el proyecto de ley que obliga al Estado a romper con este hermetismo.
Frente a este escenario de parálisis sostenida, ambas organizaciones reiteraron su exigencia formal hacia los integrantes de la comisión y exigieron directamente a su presidente que asuma el compromiso de habilitar el debate. Desde las fundaciones advirtieron que esta inacción legislativa acarrea consecuencias severas y concretas en el territorio patagónico, ya que sin control público la opacidad del modelo extractivo se perpetúa sobre los recursos de todos los argentinos.
*SANV
