Bajo el nombre de “Reparación Histórica Malvinas”, la iniciativa impulsada por 19 legisladores tiene como objetivo saldar una deuda pendiente con los protagonistas de la guerra y sus familias.
El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación presentó un proyecto de ley que busca establecer un beneficio económico para ex soldados y civiles que participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982.
Bajo el nombre de “Reparación Histórica Malvinas”, la iniciativa impulsada por 19 legisladores tiene como objetivo saldar una deuda pendiente con los protagonistas de la guerra y sus familias.
En que consistiría el beneficio económico
El proyecto estipula que la reparación consistirá en una suma equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según el texto, este monto se pagará en 24 cuotas consecutivas y se actualizará periódicamente conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Para el cálculo de la suma, se considerará tanto el haber mínimo garantizado por la Anses como el bono previsional vigente. Además, el beneficio estará exento del Impuesto a las Ganancias, garantizando un impacto pleno en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Quiénes podrán acceder a la reparación
La medida alcanza a las personas que participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en las Islas Georgias y Sándwich del Sur. También incluye a:
- Civiles que cumplieron funciones de apoyo en dichos escenarios.
- Personal que intervino en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (Toas), siempre que su participación sea debidamente certificada por el Ministerio de Defensa
Un punto clave del articulado es que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho se traslada a sus derechohabientes, tales como viudos, convivientes, hijos (incluso mayores de edad en ausencia de directos) y padres. Los legisladores aclararon que el beneficio podrá solicitarse aunque el veterano haya fallecido antes de la sanción de la ley.
Condiciones y ejecución
La adhesión a esta reparación implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra. No obstante, el beneficio es compatible con otros ingresos previsionales o remunerativos de carácter nacional o provincial.
La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la Anses, mientras que el Ministerio de Defensa será el encargado de la certificación de los beneficiarios. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para reglamentar la norma una vez sancionada.
Fundamentos de la iniciativa
Los autores del proyecto, entre los que se encuentran Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva y Guillermo Michel, destacaron que el Estado demoró años en implementar políticas de contención efectivas tras el regreso de los soldados en 1982.
“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia”, afirmó la diputada Tolosa Paz, remarcando que esta propuesta busca profundizar el proceso de reconocimiento iniciado en 2004.
