Patricia Bullrich, quien garantizaba un tratamiento exprés del proyecto, confirmó que recién se debatirá el 10 de febrero. La decisión llega en medio de una marcha masiva, presiones opositoras y la señal de alerta que dejó la caída de artículos clave del Presupuesto 2026 en Diputados.
bullrich senado 18122025
El oficialismo había apostado a acelerar el trámite de la Modernización Laboral antes de fin de año, pero la estrategia chocó con la realidad parlamentaria. Después de la sesión de Diputados, donde el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 pero perdió los artículos que anulaban las emergencias en Discapacidad y Financiamiento Universitario, Patricia Bullrich anunció el freno que hasta hace horas descartaba: el proyecto tendrá dictamen, pero se tratará recién el 10 de febrero en el Senado, dentro del segundo llamado a sesiones extraordinarias.
El giro sorprendió a la oposición, que venía advirtiendo sobre la falta de consensos, y coincidió con una marcha masiva de la CGT y movimientos sociales frente a Plaza de Mayo. En paralelo, los bloques dialoguistas reclamaban más tiempo para incorporar aportes técnicos y corregir artículos que podían impactar en el equilibrio fiscal.
Bullrich había sido el emblema del oficialismo para llevar el proyecto al recinto el 26 de diciembre. Pero al término de la comisión de Trabajo —que ella preside en el Senado— minimizó la situación y blanqueó una nueva orden política en declaraciones a la prensa: “Podríamos tratar ahora el proyecto, tenemos los votos, tenemos el dictamen. Lo que pasa es que fue increíble la cantidad de gente que quiere participar… Los mismos senadores quieren aportar, leer y dar más ideas. Pero los apoyos los tenemos”.
Dictamen abierto y negociaciones
El dictamen aprobado en las comisiones incluye algunas modificaciones menores, pero se anticipa que habrá más cambios hasta febrero. La reforma impulsada por Javier Milei busca flexibilizar contratos y despidos, limitar derechos laborales y eliminar la ultraactividad de los convenios, entre otros retrocesos en derechos.
En este contexto, y tras reuniones de los senadores con las distintas partes involucradas, la jefa del bloque oficialista decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral para febrero.
Esta decisión fue clave para evitar que el proyecto llegara al recinto en condiciones de derrota segura. La postergación permite al oficialismo intentar consolidar apoyos sin apurar el debate, en un contexto de desconfianza entre bloques y negociaciones frenéticas. Ahora, todo vuelve a foja cero, y se espera un verano de negociaciones caliente.
Fuerte rechazo gremial
El movimiento obrero organizado se movilizó a la Plaza de Mayo y replicó protestas en ciudades de todo el país en rechazo al proyecto. La marcha, que fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), fue una demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado.
La convocatoria, definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma, fue la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la Casa Rosada, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas.
Aunque el Gobierno introdujo cambios al suprimir varios artículos cuestionados en la versión final del proyecto, tras negociaciones con la CGT, la central sindical conserva su rechazo al texto. Las autoridades gremiales sostienen que la iniciativa mantiene regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. También cuestionan la flexibilización de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, aspectos salariales y la derogación de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos.
*PC/NA/IB/P/12
