31 enero, 2022
El Gobierno «no toma postura» en torno a la convocatoria del 1 de febrero, pero son varios los funcionarios que la apoyan y confirmaron su asistencia. El Presidente Alberto fernández dió un guiño al describirla como «una expresión ciudadana».
La movilización se realiza en momentos en que se retoman las numerosas causas judiciales que rodean a Cristina y un nutrido grupo de exfuncionarios desu gestión anterior.
En contraste, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Cristina Caamaño y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, fueron algunos de los miembros del Gabinete que expresaron su apoyo o directamente anunciaron su participación.
«Voy a estar en la movilización del 1 de febrero; es importante generar procesos de democratización de la Justicia», afirmó Ferraresi, dirigente del riñón de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Caamaño a su turno respaldó la movilización al Palacio de Tribunales y afirmó que «es más que necesaria» porque hay que «terminar con la corporación judicial que son parte del lawfare».
«Estoy de acuerdo con la movilización, porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda», sostuvo la directora.
La posición adoptada por esos funcionarios no se alinea con la que expresó días atrás la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien señaló que la administración de Fernández no toma postura sobre las marchas que organizan ningún sector político y social.
«Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son parte de los temas sobre los cuales tiene que opinar el Gobierno», indicó Cerruti al marcar la distancia del Poder Ejecutivo ante la convocatoria, aunque, de todas formas, aclaró que es bien conocida la postura del Presidente con respecto de «la necesidad de mejorar la Justicia en Argentina».
Por otra parte, la lista de dirigentes afines al Frente de Todos que confirmaron su participación en la marcha se fue extendiendo con el correr de los días e incluye, entre otros, al secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano.
Días atrás Moyano se fotografió con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para ultimar los detalles de la organización de la marcha contra la Corte.
Esto se interpretó como un mensaje para apurar al resto de los miembros de la conducción de la central obrera, más cercanos a Alberto Fernández y con una tibia relación con el kirchnerismo más duro, que aún no se pronunció sobre si adherirá a la iniciativa.
En el ámbito gremial también confirmaron su presencia en la marcha del martes los integrantes de la Corriente Federal que lidera el bancario y diputado oficialista, Sergio Palazzo, así como también el legislador y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
Algo menos esperado fue la confirmación de la presencia en la manifestación de la CTA Autónoma y su gremio insignia, ATE, que lidera Hugo «Cachorro» Godoy, dirigente más cercano al Presidente que al kirchnerismo.
Para la oposición la convocatoria es lisa y llanamente una expresión golpista.
Fiscales cruzaron al Gobierno por la marcha contra la Corte y pidieron que se respete la división de poderes
En un comunicado señalan que ven con “profunda preocupación” las declaraciones realizadas por funcionarios.
Por su parte, la Asociación de Fiscales cruzó al Gobierno por la marcha contra la Corte Suprema convocada por dirigentes del kirchnerismo y apoyada por funcionarios nacionales, y le reclamó que se respete la división de poderes.
En un comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó su «profunda preocupación» por las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno y por el apoyo a la convocatoria que tiene como objetivo echar a los jueces del máximo tribunal del país.
En el texto, los fiscales le piden «al poder político a la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial».
Advierten, además, que «la independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos».
«En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado», finaliza el comunicado.
El texto lleva las firmas de Carlos Rivolo (presidente). Ricardo Toranzos (vicepresidente primero), Maria Fernanda Fernanda Poggi (vicepresidenta segunda), Carina Jaime (vicepresidenta por los funcionarios) y Susana Pernas (secretaria general».
El comunicado de la Asociación de Fiscales se suma a las críticas lanzadas desde la oposición y también desde distintos sectores de la Justicia y el Derecho, que convocaron a una marcha en defensa de la Corte.
