19 abril, 2021
Las medidas extraordinarias tomadas por muchos países afectados por la pandemia en la mayoría de las ocasiones van orientadas a restringir derechos de movimiento, pero en algunas otras llegan a socavar libertades básicas, como la de prensa, o concentrar demasiado poder en un dirigente.
Una parte significativa del mundo está confinada. En mayor o menor medida, cientos de millones de personas viven una cuarentena preventiva para evitar la propagación del Covid-19 en sus países, ciudades o barrios. Este confinamiento las obliga a romper con sus rutinas diarias debido a las medidas extraordinarias tomadas por los gobiernos, pero ¿hasta qué punto se pueden catalogar como justificadas esas órdenes?
La vida de muchos ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. Nadie recordaba medidas de confinamiento aplicadas prácticamente a nivel global. De un día para otro, una persona ha dejado de poder ir libremente al cine, a ver a sus amigos o de viaje. Aparentemente, todo tiene una causa justificada, evitar que el coronavirus genere una crisis sanitaria sin precedentes. Pero algunos gobiernos pueden utilizar este evento histórico a su favor.
Son ya varias las denuncias contra gobiernos que se están excediendo en ellas acciones de control de la enfermedad y de sus ciudadanos, o que están acumulando demasiado poder, aferrándose a las circunstancias. Esto está sucediendo en naciones de todos los continentes y tanto en democracias cuestionadas como en algunas que se catalogan como “plenas”.
Otro debate abierto es la obligatoriedad de aplicación de vacunas de lo mas diversas, muchas de las cuáles poseen dudosa certificación y escaso tiempo de prueba respecto a los efectos secundarios posibles.
El caso de Filipinas es uno de los mas llamativos. Su presidente se caracteriza por ser uno de los que más tendencias autoritarias tiene en lo que se supone es un país democrático. Rodrigo Duterte ha ocupado titulares en más de una ocasión por violar derechos fundamentales o aplaudir y fomentar el libre asesinato de narcotraficantes.
Bajo la emergencia sanitaria, ha logrado que el Congreso le otorgue «poderes especiales», lo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas.
Grupos civiles y partidos de la oposición han alertado del riesgo de que se implante una «Ley marcial de facto» al dar tanto poder a un mandatario que no oculta su poco apego a las causas democráticas.
En Filipinas, unas 17.000 personas han sido detenidas en tres semanas por violar el toque de queda o el confinamiento y Human Rights Watch ha denunciado tácticas represivas: un hombre murió tras recibir un disparo por, supuestamente, saltarse un control militar y algunos fueron encerrados en jaulas u obligados a permanecer a pleno sol durante horas.
Y es que esta es la orden que reciben policías y militares. “Seguid las instrucciones del Gobierno en este momento porque estamos en un momento crítico», afirmó el presidente Duterte y advirtió que se “hará matar” a todo aquel que no cumpla las normas.
En otros países, como Tailandia, el control del gobierno también se ha visto fortalecido durante esta crisis sanitaria. La declaración del Estado de Emergencia en el país otorga al primer ministro -el exgeneral golpista Prayut Chan-ocha- plenos poderes para imponer toque de queda y restringir movimientos, pero también para censurar medios o reprimir a la oposición.
Aunque ocupa este cargo desde las elecciones del año pasado, Prayut accedió primero al poder en 2014 por un golpe de Estado y lideró, durante cinco años, la Junta Militar que acalló voces disidentes valiéndose de medidas de excepción similares a las ahora decretadas.
Tailandia cuenta con una Ley de Delitos Informáticos que ya se ha usado para encarcelar a detractores del régimen con la coartada de las «fake news».
Son numerosos los países de la Unión Europea en los que se ha decretado el Estado de Alarma o de Emergencia. Esto siempre supone que, durante un periodo limitado y siempre que se cuente con el respaldo de los parlamentos nacionales, se podrá centralizar el poder en el Gobierno de forma más clara o contar con servicios de salud privados para el bien público.
Sin embargo, hay dos países donde ha llamado especialmente la atención esta recentralización de los poderes. El caso del ultraderechista Viktor Orbán, en Hungría, es el más significativo de ellos. El Parlamento húngaro aprobó el 30 de marzo una ley que prolongaba de forma indefinida el Estado de Alarma en la nación a causa del coronavirus.
Esto permitirá poder gobernar a Orbán por medio de decretos extraordinarios sin establecer un límite temporal y sin ningún tipo de control al respecto. Esto ha hecho que numerosas organizaciones húngaras protesten en lo que llaman “un paso más” en la erosión del Estado de Derecho, desde que Orbán llegó al poder hace 10 años.
La libertad de prensa también está en peligro en Hungría. Durante los últimos años ya han sido atacados los medios que no concuerdan con la línea ideológica de Fidesz, el partido que gobierna con una abrumadora mayoría en la nación.
Este decreto, permite condenar con penas de hasta cinco años a todos los que difundan “fake news” o noticias que “obstruyan la protección de la población”. Estas penas pueden llevar a la autocensura periodística por miedo a criticar acciones del gobierno.
Desde el Parlamento Europeo ya se han transmitido las preocupaciones hacia la Comisión Europea y se ha pedido que se investigue si estas acciones violan los tratados fundacionales de la Unión Europea, que prohíben tajantemente el autoritarismo en sus naciones.
Con su retórica nacionalista y populista, y con un fuerte apoyo electoral, Viktor Orbán se ha convertido en uno de los “enemigos” del estatus quo de la Unión Europea, junto con el partido Ley y Justicia polaco. Hungría ha visto cómo en la última década se han socavado aspectos básicos de su democracia.
Algo similar está ocurriendo en Eslovenia, gracias al nuevo gobierno del ultraconservador, Janez Jansa. La libertad de prensa vuelve a ser la principal perjudicada.
Según explicó a EFE Spela Stare, la secretaria general de la Asociación de Periodistas de Eslovenia, algunos comunicadores son blanco de amenazas y ataques difamatorios por parte del primer ministro y medios cercanos al Partido Demócrata Esloveno. El Gobierno también prohibió que los periodistas puedan hacer preguntas “por riesgo de contagio”, pero no planteó alternativas como formularlas por videoconferencia.
Jansa, admirador de Orbán y miembro también del Partido Popular Europeo, llegó al poder el 13 de marzo por un acuerdo de coalición, tras la renuncia del anterior Ejecutivo de centroizquierda, debido a que no contaba con una mayoría para sacar adelante proyectos legislativos.
Aunque no se ha dictado el estado de emergencia por el coronavirus, esta semana la cámara votará fortalecer las atribuciones de la Policía para, por ejemplo, entrar en casa de los ciudadanos sin orden judicial con el objetivo de velar por el cumplimento de las medidas de confinamiento.
Las características de muchas de las economías latinoamericanas hacen que sea muy difícil para ciertos colectivos cumplir estrictamente la cuarentena, porque eso significaría que no podrían generar ingresos pata sostener sus hogares.
Esto ha hecho que, en determinados sectores de grandes ciudades, como Bogotá, se denuncie que no se están cumpliendo las normas de aislamiento preventivo previstas hasta el 13 de abril.
Este supuesto incumplimiento ha llevado a que se militaricen determinados sectores en el departamento colombiano de Cundinamarca, la zona que rodea al distrito capital donde se ubica Bogotá. Poblaciones enteras de importante tamaño como Soacha, Zipaquirá, Madrid o Girardot se empezaron a militarizar para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.
La militarización es algo que se lleva a cabo en varios países para aumentar la presencia de mandos de la autoridad en las calles, con el fin de que estas permanezcan lo más vacías posible. Pero, en este contexto, llama la atención una norma aprobada en Perú.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó una “grave preocupación” ante la nueva norma emitida en este país. Durante la crisis sanitaria, Perú modificó su Código Penal para exonerar de cargos a todas las autoridades policiales o militares que maten o hieran a alguien mientras patrulla.
«De conformidad con los estándares interamericanos, las leyes nacionales no deben contemplar exclusiones de responsabilidad que impidan investigar y sancionar responsables de violaciones de Derechos Humanos, en particular cuando los perpetradores son agentes del Estado», indicó la CIDH.
En Perú rige, desde el 16 de marzo y hasta el 12 de abril, un confinamiento obligatorio de la población que restringe la libertad de las personas a salir a la calle, así como un toque de queda nocturno con el fin de contener la propagación del nuevo coronavirus.
En Argentina, comenzaron medidas paulatinas. En AMBA y CABA ya hay nuevamente una especie de ‘toque de queda’ entre las 20 y las 06 horas. El Gobierno nacional dispuso el cierre de shoppings, cines y gastronomía por 15 días. Las Provincias comenzaron con mayores restricciones de desplazamiento y exigencias de PCR y cuarentenas obligatorias. El argumento principal es la nueva cantidad de contagios considerados una ‘segunda ola’, las limitantes de un sistema de Salud debilitado y la falta de vacunas. Este fin de semana, grupos opositores y ciudadanos preocupados por el colapso económico reclamaron en Olivos y en Plaza de Mayo con fuerte intervención policial y acciones represivas preocupantes que fueron documentadas en redes sociales. Un crecimiento de la tensión social e intervención militar para seguir de cerca.
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