7 abril, 2021
Buscan evitar un “parate total”; por el momento, el gobierno nacional no generalizará los ATN y los recursos del Fondo Fiduciario como sí lo hizo en 2020
Los gobernadores saben que a la segunda ola de la pandemia de Covid-19 la transitarán con menos recursos que la primera. En la Casa Rosada ya les confirmaron que no habrá ATP ni Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por lo que saben que recibirán una mayor presión social en sus provincias. Tampoco se reeditará el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que el año pasado repartió $60.000 millones. Sin recursos extras, la mayoría de los mandatarios no analiza una cuarentena hermética como la de un año atrás.
Tres ministros de Finanzas provinciales consultados coincidieron en que las cuentas están mejor que en el mismo período de 2020. “No sobra nada, pero mejoraron los ingresos propios y los giros de coparticipación. No estamos proyectando un parate total y, por lo tanto, la situación será más manejable”, describe el responsable de Economía de un distrito de los más grandes. Hay consenso entre las fuentes de que la “asistencia” de la Rosada pasa por el envío de las vacunas.
El parate del Estado del 2020 –no todos los distritos volvieron al trabajo presencial total– implicó una baja de gastos importante en 2020, a la que se sumó el ajuste en las partidas de obras públicas (el promedio superó el 40%) y en las de salarios (cayeron 7% interanual en términos reales). En algunos distritos a esos dos factores se le sumó el default de la deuda en moneda extranjera: todavía quedan por reestructurar US$7900 millones y son Buenos Aires, La Rioja y Chaco las que están en default (Tierra del Fuego renegocia, pero cancela intereses).
Desde el Ministerio del Interior –Eduardo “Wado” de Pedro es el ministro con más vínculo con los gobernadores– indicaron que se cumplirá con todo lo pautado en el presupuesto nacional destinado a las provincias, además de la coparticipación. Por el momento, los ATN y los recursos del Fondo Fiduciario serán solo para atender las cuestiones puntuales previstas por ley y no se generalizarán como se hizo en 2020. Fundamentan la decisión en la mejora que la actividad económica viene registrando y que ayudó a oxigenar las cajas provinciales.
Desde un distrito opositor, un ministro coordinador se sinceró: “Objetivamente todavía no hay una necesidad extrema de asistencia por fuera de lo habitual. No sobra un centavo, el desafío está en la gestión. Sí debe haber un reparto más equilibrado de los fondos por fuera de la coparticipación que el año pasado beneficiaron groseramente a Buenos Aires”.
El ajuste propio y los giros nacionales que compensaron la pérdida de recaudación local fueron determinantes para que la mayoría de las provincias cerraran el 2020 con superávit. El haber tenido capacidad de ahorro en medio de la crisis económica y sanitaria debilita en el arranque de la segunda ola de coronavirus la capacidad de exigir asistencia a la Nación; en todo caso, primero deberán echar mano a sus propios fondos. No solo las grandes provincias –Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires– terminaron en terreno positivo, sino que también varias de las más chicas y dependientes de la Casa Rosada.
En ese sentido, a los gobernadores les fue mucho mejor que a la Nación, que terminó con un rojo fiscal de 6,5% del PBI. Una muestra de que las provincias lograron transitar mejor el primer año de Covid-19 es que los depósitos del sector público aumentaron 50% entre marzo y diciembre, según datos de la consultora Aerarium. Por ejemplo, Santiago del Estero alcanzó a tener depósitos equivalentes a 13 meses de sueldos públicos.
La pelea de más fondos seguirá por el lado de subsidios nacionales para el transporte público, aunque admiten que tampoco hay expectativas de conseguir cifras extras importantes. “El ajuste en Nación es silencioso pero está en marcha”, desliza un ministro de Economía de un distrito del NOA, región que ya planteó ese tema junto al de la energía eléctrica.
En las provincias, los ministros reconocen que los más complicados son los privados y que el ajuste más fuerte se registró en el sector informal, por lo que finalmente la recaudación no se resintió tanto como la economía. Con la segunda ola ya en curso, desde varias administraciones aseguran que cuentan con un “plan B”, pero ninguna adelanta cuáles son los ejes. No descartan más presión social para subsidios o atención en comedores populares.
*LN
