30 agosto, 2021
Los vencimientos de las consesiones hidroléctricas están a la vuelta de la esquina. Ante esto, extrabajadores de Hidronor presentaron un plan para ampliar la capacidad instalada de las centrales en el país. Aseguran que pueden realizarse si se recauda un porcentaje de las ventas de energía de las que están actualmente en operación.
Por Maías del Pozzi
Con el objetivo de promover la construcción de nuevos desarrollos hídricos en el país, un grupo de extrabajadores de Hidronor elaboró una propuesta para concretarse a partir de la finalización de las concesiones de las centrales hidroeléctricas entre 2023 y 2028. Aseguran que se podrían recaudar unos 300 millones de dólares por año sin pedir dinero al Estado.
Proponen la creación de un nuevo canon (o incremento de los vigentes) a través del cual el Estado podría hacerse con un porcentual de la energía comercializada y de esta manera fondear los proyectos. Para ello sugieren la conformación de un Fideicomiso Específico, que tendría la figura legal de un Patrimonio de Afectación con destino exclusivo a nuevos aprovechamientos hidroeléctricos.
Entre el 2023 y el 2028 el Estado deberá decidir qué destino le da a una generación de 17.500 GWh por año, algo así como 14% de la demanda anual del país.
“Nuestra propuesta apunta primariamente a promover la construcción de nuevos emprendimientos hídricos de usos múltiples que incluyan la generación hidroeléctrica. Y desarrollar alternativas para que ello sea viable económica, financiera y ambientalmente sin tener que recurrir al pedido de fondos al Estado Nacional, ni comercializar la ‘nueva energía’ a precios que la demanda no podría pagar”, señalaron los exempleados.
El nuevo canon sería abonado mensualmente por los concesionarios y sería calculado como un porcentual de sobre las ventas de energía de cada central. La idea es que forme parte de cada contrato y su magnitud no debería obstruir la factibilidad del negocio.
“Un canon del orden el 40% de las ventas de energía de las centrales concesionadas, permitiría recaudar unos 300 millones de dólares por año, monto significativo para poder impulsar nuevas obras hidroeléctricas apalancados en ese cash flow”, aseguraron.
El plan presentado también contempla una serie de objetivos que deberían concretarse antes de la finalización de las concesiones. Uno de ellos es la creación de un programa de inversiones “imprescindibles” para el reemplazo de equipamiento viejo a lo largo de lo que sería la segunda concesión.
Además señalan que deberían definirse algunos trabajos obligatorios y otros a verificar, de forma tal que todos los oferentes la consideren en su oferta y se les exija realizar las modernizaciones si son adjudicados. De esta manera, si el Estado decide quedarse como operador, ya tendría la hoja de ruta de qué hacer.
Por otra parte, indican que deben readecuarse las normas de Manejo de Aguas, teniendo en cuenta que las normas actuales cumplirán 30 años y fueron diseñadas con información más antigua aún.
“Las normas de manejo de aguas, al menos las de la región Comahue, deben ser adecuadas y actualizadas desde distintas perspectivas, tanto hidrológicas como de manejo de embalses con criterios que contemplen distintos escenarios hidrológicos extremos”, indicaron en este punto.
Al vencerse las concesiones el Estado deberá definir alguna opción para la explotación futura de los activos que siempre le pertenecieron: podrá volver a licitar las concesiones, prorrogarlas o asumir la explotación de los aprovechamientos a través de una empresa estatal.
Para tener en contexto, en el segundo semestre de 2023, se vencerán las concesiones de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En términos de energía producida representan el 67% de todas las concesiones del Estado Nacional.
Desde el grupo de exempleados sugieren que, si bien el Estado podría ir tomando decisiones caso por caso, debería ser un sendero común para todas las concesiones.
Por otra parte, en el caso en el que el Estado decida la prórroga o una nueva licitación de las concesiones, aseguran que deberían aplicarse modificaciones al modelo de las concesiones vigentes.
Entre ellas, piden que se revisen los cánones regulatorios actuales (AIC y Orsep); inversiones obligatorias; y, entre otros, fundamental para la propuesta en cuestión, que se sume un nuevo Canon de Concesión Distribuido para nuevas obras.
Por último, para la construcción de los nuevos aprovechamientos sugieren la creación de una nueva empresa hidroeléctrica del Estado, similar a lo que fue Hidronor, para que se encargue del desarrollo de los nuevos proyectos, los construya y finalmente los explote cuando entren en operaciones.
